¿Quién paga la agenda 2030?

Desde sus inicios la Unión Europea ha tratado con especial cariño al campo al objeto de alcanzar una seguridad alimentaria plena. Alrededor de 57.000 millones de euros se destinan exclusivamente a subvencionar la agricultura. Se trata de evitar que este sector abandone las producciones y tengamos que depender de terceros países para satisfacer una necesidad primaria como es la alimentación.

A pesar de este singular apoyo, los agricultores no consiguen defender la viabilidad en sus explotaciones, cada vez más vulnerables y aptas sólo para economías de subsistencia o, en el mejor de los casos, complementarias a otras actividades más estables. El campo no termina de ser un sector empresarial atractivo para profesionales que puedan gestionar recursos en términos de competitividad. El resultado, cada vez más, abandono de explotaciones agrícolas, una alarmante pérdida de población en el mundo rural y un significativo desequilibrio de desarrollo territorial.

En la medida en que se inyectan fondos a través de la PAC, la Unión Europea exige el cumplimento de normas orientadas a alcanzar los objetivos de la denominada Agenda 2030. Se trata de un plan que promueve la ONU para que los países avancen hacia el logro del desarrollo sostenible. Algo muy bonito sobre el papel pues beneficia a las personas, al planeta y a la prosperidad, pero que naufraga en el momento en que las normas para unos son rígidas y para otros inexistentes. El sector agrario se ve especialmente afectado por el componente de gestores del medio ambiente, y se niega a aplicar pautas que merman su rentabilidad, y que no contribuyen al fin previsto por el coladero que otros países consiguen a través de las aduanas. Lo que vemos en las movilizaciones es una reacción al mensaje simplista de qué solo la agricultura es la responsable de los problemas del medio ambiente.

Precisamente son los agricultores los más vulnerables por culpa del cambio climático, ya sea por la sequía, una fuerte granizada, una ola de calor en plena floración o una helada tardía. Con procurar la cubierta vegetal y cultivos más ecológicos, no se van a evitar estos fenómenos. La rentabilidad de una empresa no pueda pasar por esperar que la póliza del seguro responda con solvencia a siniestros cada vez más probables.

Hace un par de años entró en vigor la “Ley de Cadena Alimentaria” que promulgaba algo tan elemental como que ningún agricultor vendiera sus productos a pérdidas. Sin embargo, esta norma, a efectos prácticos, no termina de corregir los desequilibrios de la cadena, e incluso llega a incentivar que los distribuidores prioricen sus compras a grandes explotaciones con costes más reducidos penalizando a aquellos menos eficientes.

La solución pasa por aparcar el cortoplacismo y diseñar políticas a largo plazo que contribuyan a procurar explotaciones tan rentables que podrían prescindir de ayudas a la explotación. Se trata de financiar una reconversión hacia explotaciones más competitivas, que permitan una mayor producción por hectárea a menor coste. Sólo así, estas empresas podrán soportar políticas de sostenibilidad medioambiental. Respecto a la gestión de la cadena de valor, la solución está a la vuelta de la esquina. No hay mejor instrumento que las sociedades cooperativas con una dimensión suficiente como para evitar los abusos del mercado.