Los acusados de estafa inmobiliaria de La Carolina se culpan entre sí

Dos de los tres acusados en la supuesta estafa inmobiliaria que afectó a una quincena de familias en La Carolina han declarado en el juicio que se sigue desde este lunes en la Audiencia de Jaén y lo han hecho echándose las culpas entre sí. El tercero de los acusados, que no ha asistido a ninguna de las sesiones del juicio argumentando problemas de salud por su edad, ha comparecido por videoconferencia para comunicar que no iba a declarar ni iba a hacer uso de la última palabra. El primero de los acusados en declarar ha responsabilizado de todo lo que se hacía en la empresa al acusado que no ha prestado declaración. Ha indicado que él tenía 25 años cuando se constituyó la empresa de la que él era administrador, pero que era el otro acusado, y pareja de su madre, el que “decía dónde, cómo y con quién se contrataba” porque tenía 30 años de experiencia construyendo casas y “conocía a todos los directores de oficina y de zona” de bancos y cajas de ahorro. Asimismo, ha señalado que cuando iba a la notaría a firmar una compra-venta de algún inmueble sostenía que la hipoteca primaria estaba cancelada económicamente, pero no registralmente, pero lo hacía porque “así me lo decía Paco”, que es el acusado que ha rechazado declarar en el juicio. Ha añadido que las hipotecas “se pagaron hasta que hubo dinero”, pero “los bancos de la noche a la mañana cerraron el grifo” y fue cuando empezaron los problemas. “Sé que no me exime de responsabilidad, pero el que lo decidía todo era Paco”, ha dicho el acusado, que ha incidido en que su función era la de “recopilar todo lo que hacía Paco y trasponerlo a la contabilidad de la empresa”. En este línea, ha rechazado haber falsificado, participado o tener conocimiento de que los certificados de cancelación de hipoteca estuvieran falsificados.

El segundo de los acusados —hijo del acusado que no ha querido declarar— ha afirmado que su misión era solamente la de vender los inmuebles. Ha mantenido que su única formación era la de la EGB y que su padre “ni eso” porque era “un albañil de toda la vida”, por lo que el único que tenía capacidad era el otro acusado que “tenía estudios superiores”. “Mi padre va a lo justo, no tiene capacidad, es imposible que hiciera eso”, ha declarado en el juicio, al tiempo que ha señalado que nunca vio un certificado falso de cancelación de hipoteca y que cuando firmaba en la notaría que la hipoteca primaria estaba cancelada era porque así se lo decían en la empresa. “Yo me fiaba de lo que me decían en la empresa”, ha señalado el acusado. Ha añadido que mientras el otro acusado “dejó de ir por la empresa”, “mi padre siguió dando la cara”. “Nos consideramos engañados, fue una sorpresa”, hasta el punto de que sopesaron, tanto él como su padre, denunciar al tercer acusado, pero saltó la investigación y las denuncias de los perjudicados. “Todos los días he estado en La Carolina. Entiendo a los perjudicados”, ha dicho el hijo del principal acusado en esta causa. Los acusados han prestado declaración en la última sesión del juicio, ya que las defensas desde el primer momento pidieron declarar en último lugar. Mientras que las acusaciones particulares reclaman para los tres acusados penas de cárcel que van desde los seis a los nueve años, el Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de seis años de cárcel para los tres por delitos continuados de estafa y falsedad documental. Las defensas han abogado por la absolución de sus defendidos e incluso una de ellas ha pedido que se tenga en cuenta la reparación del daño y las dilaciones indebidas, algo que ha rechazado el Ministerio Fiscal. Las acusaciones particulares, además de las penas de cárcel, exigen que al menos se cancelen las hipotecas y los gastos derivados del engaño. Además, piden que la responsabilidad civil sea también compartida por los tres notarios que participaron en las 17 compra-ventas que forman parte de esta causa. Los tres acusados estaban vinculados a una mercantil carolinense. Uno era el administrador único, otro ejercía como jefe —que ha declarar— y el tercero actuaba en nombre y en representación de la empresa con un poder, tal y como consta en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press.

El caso se remonta a los años 2008 y 2010, cuando los perjudicados adquirieron viviendas y locales en La Carolina, convencidos de que estaban libres de cargas hipotecarias. Sin embargo, según la investigación, los inmuebles estaban gravados con préstamos bancarios que nunca fueron cancelados por la promotora. Los acusados presuntamente falsearon documentos bancarios y manipularon escrituras públicas, asegurando que las hipotecas habían sido saldadas. En lugar de destinar el dinero de la venta a cancelar esas deudas, los fondos, según indicó en su día la Guardia Civil, habrían sido utilizados supuestamente para beneficio personal de los responsables de la promotora y la constructora. La Guardia Civil estimó inicialmente que el fraude superaba los tres millones de euros, con cantidades individuales de entre 70.000 y 100.000 euros por vivienda. En el juicio de este lunes, la estafa se concreta en 1,5 millones, aunque la cifra es superior ya que hay varias operaciones denunciadas que se valorarán en la ejecución de sentencia. El juicio, después de tres jornadas, ha quedado finalmente visto para sentencia.