Las víctimas de la estafa inmobiliaria de La Carolina exigen justicia por el engaño

El juicio de la supuesta estafa inmobiliaria que afectó a una quincena de familias en La Carolina ha traído en su primera jornada las declaraciones de las víctimas ya que los acusados han pedido declarar los últimos. De los tres acusados, solo dos se han sentado en el banquillo. El tercero de los acusados sigue manteniendo, tal y como ha indicado su abogado, que no puede acudir por problemas de salud. Aunque la defensa de este tercer acusado ha pedido abrir pieza separada para que pueda ser juzgado cuando mejore, el tribunal ha rechazado esta opción y ha indicado que se le han dado todas las facilidades para que pueda prestar declaración.

“Eran nuestros ahorros de toda una vida trabajando”, ha señalado uno de los afectados, que al igual que el resto, han coincidido en que cuando fueron a la notaría a firmar se les dijo que la hipoteca primaria estaba cancelada y “todo estaba en regla”, pero no era así. Además, siempre se argumentaba un fallo de conexión informática para poder comprobar si realmente estaba cancelada la hipoteca primaria. “Me siento totalmente engañado. He llegado a jubilado con este miedo que no se me va”, ha dicho ante el tribunal otro de los afectados, que ha incidido en que él se fio “por completo” del notario y que fue con el tiempo cuando se dio cuenta de que le habían engañado porque lo que había adquirido no estaba libre de cargas. Así, uno por uno, los 17 perjudicados que están personados en esta causa, han pasado por el tribunal para reclamar lo que consideran un engaño. Es por eso, por lo que además reclaman en responsabilidad civil a los tres notarios y a los bancos y cajas que acudían a firmar sin comprobar que la cancelación de hipoteca primaria no estaba realizada, siempre atribuyendo problemas de conexión informática.

“La notaria nos dijo que todo estaba en regla y nosotros nos lo creímos”, ha señalado otro de los denunciantes. Según los denunciantes hay más familias afectadas, algunos incluso han fallecido y otros han sido hasta desahuciados porque compraron en metálico y luego no pudieron escriturar. Algunas familias han pagado su hipoteca y la primaria la tienen paralizada por haber un proceso judicial abierto, pero temen que finalmente tengan que abonarla también. “Nos podemos ver pagando nuestra casa dos veces, con dos hipotecas”, ha señalado uno de los afectados. Hasta 13 abogados asisten a esta vista, ya que además de las defensas y las acusaciones particulares, están representados también hasta tres notarios y diversas entidades bancarias. El Ministerio Fiscal imputa a los tres acusados un delito continuado de estafa y de otro continuado de falsedad en documento mercantil. Por estos delitos, Fiscalía les reclama seis años de cárcel y multa de 2.160 euros. Los tres acusados estaban vinculados a una mercantil carolinense. Uno era el administrador único, otro ejercía como jefe y el tercero actuaba en nombre y en representación de la empresa en sus negocios, tal y como consta en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press. El caso se remonta a los años 2008 y 2010, cuando los perjudicados adquirieron viviendas y locales en La Carolina, convencidos de que estaban libres de cargas hipotecarias. Sin embargo, según la investigación, los inmuebles estaban gravados con préstamos bancarios que nunca fueron cancelados por la promotora. Los acusados presuntamente falsearon documentos bancarios y manipularon escrituras públicas, asegurando que las hipotecas habían sido saldadas. En lugar de destinar el dinero de la venta a cancelar esas deudas, los fondos habrían sido utilizados supuestamente para beneficio personal de los responsables de la promotora y la constructora. La Guardia Civil estimó inicialmente que el fraude superaba los tres millones de euros, con cantidades individuales de entre 70.000 y 100.000 euros por vivienda. En el juicio de este lunes, la estafa se concreta en 1,5 millones, aunque la cifra es superior ya que hay varias operaciones denunciadas que se valorarán en la ejecución de sentencia. Los afectados, por su parte, exigen que al menos se cancelen las hipotecas y los gastos derivados del engaño. El juicio está previsto que se extienda durante tres días. Los hechos se produjeron entre los años 2008 y 2010, cuando una quincena de familias del citado municipio jiennense adquirieron allí diversos inmuebles —viviendas destinadas para domicilio habitual y también locales— a una sociedad mercantil “en la creencia de que se hallaban libres de carga”, cuando, según la Guardia Civil, “en realidad estaban gravados con préstamos hipotecarios de distintas entidades bancarias, concedidos a la constructora y a la promotora”. De acuerdo a lo relatado por el Instituto Armado, la parte vendedora se ganaba la confianza de los compradores “aportando certificados falsos de cancelación contable de las diferentes entidades bancarias de las hipotecas que gravaban los inmuebles e incluyendo cláusulas falsas en las escrituras públicas de compra-venta”. Además, “el dinero cobrado por la empresa vendedora tras la venta de los inmuebles no fue destinado a la cancelación de las hipotecas primarias”, según ha concluido la investigación, de forma que los adquirientes de estas viviendas se encontraron “con unas fincas en muchos casos gravadas con las hipotecas que ellos mismos constituyeron para su adquisición, y otros con una vivienda pagada con sus ahorros, pero que, en ambos casos, siguen estando afectadas por otros préstamos hipotecarios anteriores concedidos a la constructora y vendedora”. La Guardia Civil cifró en más de tres millones “el importe de la estafa”, una cantidad a la que habría que sumar “el perjuicio causado al resto de acreedores que no han podido cobrar sus deudas al presentar concurso de acreedores”.