La Confederación Hidrográfica agita la polémica en el Poblado de Guadalmena
Tiran una casa, en ruinas, en la parte “de los nobles” del poblado
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) se encuentra en el ojo del huracán tras la reciente dimisión de su presidente, alegando “motivos personales” y críticas a la “masculinización constante en la esfera del poder”. En este clima de incertidumbre, el organismo presidido por Gloria María Martín —nombrada el pasado día 18—, ha impulsado la demolición de una vivienda, generando una fuerte controversia. La operación ha encendido las alarmas, y la posibilidad de que la Guardería de los Montes Públicos decida no “mirar para otro lado” podría llevar este asunto a los Tribunales de lo Penal. La sociedad y las organizaciones medioambientales estarán atentas a los próximos pasos de la CHG y a las posibles consecuencias legales de esta demolición.
En las últimas semanas, se ha observado una acelerada construcción de fosas sépticas, con el objetivo declarado de frenar los vertidos al cauce. Si bien esta medida es, en principio, positiva para el medio ambiente, la prisa con la que se ejecuta levanta sospechas sobre posibles deficiencias en su planificación y ejecución. Paralelamente a esta urgencia, se ha procedido a la demolición precipitada de una vivienda, ubicada en la parte alta, la de “los nobles”, que fue objeto de múltiples denuncias de los vecinos de la zona baja. Estas quejas se centraban en el estado de abandono de la propiedad y el riesgo potencial de accidentes para los visitantes y curiosos que transitan por este entorno público. La rapidez en esta demolición, sumada a la situación de las fosas sépticas, sugiere, como apuntan desde la defensa de los vecinos de la zona baja, decisiones tomadas bajo presión y con celeridad inusual.
El cúmulo de estas acciones, ejecutadas en un corto período de tiempo y con aparente falta de transparencia, lleva a la preocupación dentro de la Asociación de Vecinos del Poblado del Guadalmena por un posible “cúmulo de ilegalidades”. Desde la defensa insisten en que la sensación que emerge es la de un intento por eludir responsabilidades penales y, potencialmente, “enterrar pruebas relacionadas con gestiones anteriores”. Al mismo tiempo, recuerdan que la Administración Pública, en su esencia constitucional, “no está facultada para dilapidar el dinero público en la destrucción de bienes que, con una gestión adecuada, podrían ser remodelados y conservados”. Por todo ello, insisten: “Demoler infraestructuras habitables, o con potencial para serlo, contraviene el espíritu de dignificar la vida de numerosas familias y de potenciar la economía y los índices socioculturales de las zonas rurales, que tanto necesitan de inversión y apoyo. La misión de la función pública debe ser construir, no destruir”. Esta misma situación dramática también se repite en núcleos como El Dañador y Puente del Obispo, pero también en Santo Tomé, Úbeda y en Puente de la Cerrada.
