Cazorla habilita una oficina para gestionar las ayudas del Gobierno por las borrascas

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha visitado la oficina comarcal habilitada en Cazorla para la gestión de las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por el tren de borrascas que ha afectado a la provincia. Durante la visita a estas dependencias ha estado acompañado por el alcalde de la localidad, José Luis Olivares. Fernández ha explicado que esta oficina forma parte del dispositivo desplegado por el Gobierno de España tras la aprobación en el Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley que moviliza más de 7.200 millones de euros, con medidas adoptadas por nueve ministerios para atender a los municipios y colectivos más afectados, especialmente en Andalucía y Extremadura. “El objetivo es que ninguna persona damnificada se quede sin información o sin tramitar su ayuda por falta de asesoramiento”, ha señalado el subdelegado, quien ha destacado que estas oficinas permitirán agilizar los procedimientos “con la máxima rapidez y eficacia”.

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha valorado positivamente la puesta en marcha de la oficina comarcal como una herramienta clave para facilitar la información y la tramitación a vecinos, empresas y profesionales del sector agrario afectados por el temporal. El regidor ha señalado que el Ayuntamiento continúa evaluando los daños ocasionados por las lluvias, especialmente en caminos rurales e infraestructuras municipales, y ha reiterado la importancia de la coordinación entre administraciones para acelerar la recuperación del municipio y de toda la comarca.

La oficina de Cazorla, ubicada en el Mercado de Abastos, se suma a la habilitada en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, que atiende en horario de 9:00 a 14:00 horas. Además, a través del programa “La Administración Cerca de Ti” se realizarán visitas a otros municipios de la comarca para asesorar sobre las ayudas disponibles y recoger solicitudes en aquellos lugares donde sea necesario.

Prioridad a la agricultura y la ganadería, y reparación de infraestructuras

Fernández ha querido poner el foco de manera especial en el sector agrario, al que el Gobierno va a destinar un plan extraordinario de más de 2.870 millones de euros. El grueso de esta cantidad, alrededor de 2.174 millones, se dirigirá a ayudas directas por pérdida de renta en agricultura, y estas ayudas no requerirán la presentación de documentación por parte de los titulares de las explotaciones, ya que se tramitarán de oficio. Tras el plazo de tres meses previsto para la tramitación, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) procederá al abono con la mayor celeridad posible, de manera que, según las previsiones, en el mes siguiente puedan estar ingresadas en las cuentas de los beneficiarios. Además, se contemplan 43,1 millones para titulares de pólizas de seguro agrario, 600 millones para restauración de caminos e infraestructuras agrarias y 100 millones en una línea especial de financiación ICO-MAPA-SAECA. El real decreto-ley recoge también medidas fiscales y laborales específicas para el sector, como la reducción de jornadas reales para acceder al subsidio agrario, la consideración de fuerza mayor en determinados supuestos de la PAC, la reducción de módulos del IRPF y la exención del IBI rústico, entre otras disposiciones.

La norma activa un fondo de 2.000 millones de euros en transferencias directas para 2026 destinadas a corporaciones locales, con el fin de financiar actuaciones inaplazables, reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales. Estas ayudas podrán anticiparse hasta el 100 % de su importe a los ayuntamientos que lo soliciten. Asimismo, se flexibiliza la regla de gasto para que los fondos vinculados a la reconstrucción no computen en el límite establecido y se permitirá el uso del superávit de 2025.

La norma incluye ayudas directas a personas desalojadas, con una cuantía de 150 euros por persona y día, compatible con otras ayudas por daños en vivienda. Se incrementan de forma significativa las indemnizaciones por fallecimiento y por destrucción total de vivienda, y se eliminan los umbrales de renta para acceder a estas prestaciones. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica destinará 691 millones de euros a la recuperación de cauces públicos e infraestructuras urbanas de abastecimiento y depuración, además de obras de emergencia en la cuenca del Guadalquivir.