Reducción de la jornada laboral

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, aprobada el martes en el Consejo de Ministros, beneficiará a dos millones de trabajadores andaluces, según datos del Gobierno central, cuyos representantes califican como un nuevo paso en la construcción del patrimonio de derechos laborales que busca el empleo estable, de calidad y con una remuneración digna. El problema es que se trata de una iniciativa que nace sin consenso y que puede hacer tambalear la estabilidad política en un Ejecutivo en el que resulta complicado sacar adelante cualquier proyecto de presente o de futuro. El empeño de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, por conseguir la aprobación de su propuesta era una obligación para el presidente, Pedro Sánchez, sobre todo después de la última crisis provocada por la compra de material bélico para las fuerzas de seguridad a una empresa israelí, que hizo tambalear la coalición entre el Partido Socialista y Sumar en España. El apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal ha marcado también un proceso en el que el principal partido de la oposición tiene claro que supondrá un ataque en toda regla a la clase trabajadora, que quiere trabajar más en lugar de cobrar menos. La medida, que se aplica en determinados sectores a través de la negociación colectiva, supone un varapalo para las empresas, que se ven obligadas a remodelar su situación y, en algunos casos, a comprometerla sobremanera. Lo que sí está claro es que representa, en sí misma, un avance en los derechos laborales, siempre que exista una flexibilización a la hora de materializarla y no haya retrocesos que hagan peligrar el empleo.