Sobre límites de la Iglesia
En otro tiempo, a la Iglesia Católica no se le formulaban objeciones respecto de hábitos, creencias que impartía, pronósticos mundanos y transmundanos de cualquier naturaleza o sin naturaleza alguna. Sin discusión, ella era la poseedora y depositaria de verdades absolutas. En su entorno, se iba originando la filosofía natural a cuyos principios se tenían que ajustar en el futuro las legalidades nacidas del derecho positivo. Se entiende así que la Iglesia pudiera adentrarse en la contienda política, establecer alianzas, promover guerras y defenderse de las mismas. Vino después, con lentitud, el progreso que también en algún sentido concernía a la salvación de las almas. El siglo XVIII constituyo un movimiento filosófico, científico y político que medeció en Francia la denominación de Siglo de las luces. Los pensadores de la modernidad asestaron un duro golpe a los regímenes autoritarios. Sobrevino la teoría del contrato social, según el cual el estado era una creación de los hombres en sociedad los cuales decidían libremente dotarse de un instrumento político que regulaba su convivencia. Y no es que tal evolución se trasladase a las estructuras de la Iglesia, pero sí se minaban los cimientos de las monarquías de derecho divino, y paulatinamente la consecución de la separación de poderes que obligaba a la Iglesia a que los respetase, y aún más, a que esta ofreciera una respuesta a cuestiones tan debatidas como ¿quién debe de ejercer el poder?, ¿concepto de voluntad general?, ¿objetivos de un gobierno democrático? En la actualidad y en el precitado contexto se publica la noticia de que la Iglesia ha traspasado una línea roja, al pedir al partido del gobierno un adelanto electoral, lo que nos plantea la conveniencia de encontrar respuesta al siguiente interrogante: ¿debe la Iglesia Católica, en este siglo XXI, adentrarse en la contienda política, emitiendo pronunciamientos que asientan o disientan de idearios partidistas? Pese a la complejidad de las respuestas, es lo cierto que la Iglesia tiene todo el derecho a proclamar y defender públicamente sus valores, condena de los matrimonios igualitarios, colectivos LGTBI, terapias de conversión de homosexuales, no solo por pura coherencia con la fe que se profesa, sino también por el mandato que debiera hallarse ínsito en la conciencia de quienes vocacionalmente estén llamados a propalar la fe, la cual es un don que proviene de Dios y no la consecuencia de la oferta electoral de un partido político que por lo general se identifica con la derecha. Tal vez, el límite viene determinado por su participación en la forma de generar la convicción política. Resulta casi unánime la opinión de que la Iglesia Católica en este país no debiera contribuir a la polarización, ser en todo caso apaciguadora, sin alinearse con ninguna sigla política, ni levantar siquiera sospecha de que alguien se está cobrando la gestión de la pederastia eclesial. Ofende de todas formas el criterio expresado por el profesor Vidal de la pontificia Universidad de Comillas, el cual manifiesta que la demanda de adelanto electoral no significa que el actual presidente deba dimitir, como si la convocatoria de elecciones no presuponga el apartamiento del actual presidente del gobierno. Veinte años de la entrada en vigor de las referidas leyes progresistas. Que Dios nos coja confesados.
