Problema autonómico
En junio de 2012 este Diario publicó un artículo firmado por mí, titulado ‘La reforma necesaria’ que comenzaba diciendo que en España ‘hemos vivido por encima de nuestras posibilidades’ y que, por tanto, era necesario tomar medidas duras e impopulares para reducir el déficit porque todo aquel que gasta más de lo que ingresa va directo hacia la ruina.
Desde entonces han transcurrido más de trece años y hemos tenido unas veces gobiernos del PP y otras del PSOE sin que se haya conseguido enderezar el rumbo de las finanzas del Estado, sino todo lo contrario, pues se ha ido incrementando el déficit año tras año, en especial en los últimos siete, en los que hemos pasado de un déficit del 95 % del PIB a un déficit del 103% aproximadamente. En concreto, en 2019 la deuda a pagar era de 1,2 billones de euros, ahora esa deuda asciende a 1,7 billones. El estado autonómico en su conjunto implica unos costes adicionales que se pueden estimar entre el 2% y el 3% del PIB para mantener la estructura administrativa y política de funcionarios, diputados, consejeros y parlamentos que no existirían en un estado centralizado. Esta es la situación contemplada desde el punto de vista financiero, pero hay otros factores que es necesario examinar para ver si, a pesar de ser muy gravoso mantener el estado de las autonomías, existen otro tipo de ventajas que lo hacen necesario y equilibran la balanza. Pues bien, si analizamos la situación desde el prisma de la eficacia en la gestión política podemos afirmar que el estado autonómico está en crisis porque existe un malestar generalizado en la opinión pública sobre el concepto de igualdad de derechos y deberes de todos los españoles ya que resulta evidente que los ciudadanos que pertenecen a las comunidades vasca, navarra y catalana reciben más de lo que aportan al conjunto de las finanzas del Estado y además cada vez son menos solidarias con el resto, debido a la existencia de partidos nacionalistas que son desleales a los principios democráticos y se dedican a intentar conseguir prebendas y privilegios particulares sólo aplicables a dichas comunidades, en detrimento de las demás regiones. Esto ya sabemos que no es compatible con el artículo 14 de la Constitución.
En cuanto a la eficacia en la gestión administrativa y solución de problemas por desgracia hemos sufrido en los últimos tiempos varias catástrofes colectivas —pandemia, erupción volcánica, dana, incendios— que han puesto a prueba la capacidad del estado autonómico para resolver problemas urgentes que afectan a la vida y el patrimonio de regiones, pueblos y personas. En esos días de tensión en los que es necesario tomar medidas rápidas y eficaces, el descontrol, la falta de procedimientos y reglas de colaboración en incluso la presunta desidia de ciertos estamentos a nivel autonómico o gubernamental han agravado los problemas e incluso causado daños irreparables que se podrían haber evitado. Finalizaba el artículo citado diciendo que, entre otras acciones de gobierno imprescindibles para enderezar el rumbo de la economía, sería muy conveniente ‘desmontar una estructura estatal muy costosa y estéril que además rompe con el principio de igualdad entre los españoles. Hay que allegar los medios necesarios ahorrando en lo superfluo, racionalizando la administración, recortando empresas públicas, cerrando televisiones, eliminando estructuras de poder tales como senado, diputaciones e incluso algunas o todas las autonomías. Desde un punto de vista racional alejado de todo partidismo político, hay que poner los pies en el suelo y decir con firmeza que es necesario retocar la Constitución para aligerar gran parte de la estructura del Estado, porque el modelo actual encarece de forma superlativa el gasto y ese despilfarro no nos lo podemos permitir’. En la situación actual es necesario repetirlo y además afirmar que el estado autonómico ha demostrado ser muy poco igualitario y muy ineficaz. En consecuencia, es imprescindible reformar el estado de las autonomías e incluso si hubiese un consenso amplio entre los dos partidos mayoritarios suprimirlas porque si el Estado no acaba con las autonomías, éstas
acabaran con el Estado más pronto que tarde.