Presupuestos y Constitución
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los de las comunidades autónomas o los de los ayuntamientos son la norma más importante que las administraciones públicas de cualquiera de los niveles que existen en nuestro ordenamiento aprueban a lo largo de cada ejercicio económico. Su trascendencia deriva del hecho de que constituye el instrumento básico mediante el que los poderes públicos intervienen en la actividad económica por medio de la hacienda pública (impuestos y gasto público). En suma, en ellos se contemplan los diferentes ingresos de los que dispondrán las administraciones —impuestos, tasas, contribuciones, endeudamiento, transferencias, etcétera— y los conceptos a los que se destinarán los mismos —retribuciones de su personal, defensa, orden público, infraestructuras, justicia, pensiones, sanidad, educación, medio ambiente, vivienda, etcétera—, además de posibilitar su intervención para paliar los fallos del mercado, modificar la distribución de la renta, luchar contra la inflación, la caída del PIB o el desempleo.
Los redactores de la Constitución Española, cuyo aniversario se ha celebrado el pasado 6 de diciembre, fueron conscientes de la trascendencia de los presupuestos públicos, en particular de los que deben regir la hacienda del Estado, por lo que destinaron el Título VII de la misma a la Economía y Hacienda y, dentro de él, el artículo 134 a los PGE, el cual establece que corresponde al gobierno su elaboración y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. El apartado tercero especifica que el gobierno deberá presentarlos en el Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. En definitiva, que los PGE de cada ejercicio deben comenzar su tramitación parlamentaria antes del 1 de octubre de cada año. En el apartado cuarto se concreta que, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los PGE del año anterior. Es evidente que hay un mandato constitucional, así como que se abre una puerta a la prórroga de los vigentes, a cuyo amparo se ha recurrido en numerosas ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978. El recurso a la prórroga se ha utilizado por gobiernos de todos los colores políticos: UCD, PSOE y PP.
En todos los casos en que se incumple el mandato constitucional de la tramitación parlamentaria de los PGE, es habitual que se utilicen las justificaciones más diversas por parte del gobierno de turno. En estos días escuchamos que con la prórroga de los correspondientes a 2023 más el reparto de los Fondos Next Generation de la Unión Europea se pueden alcanzar los objetivos de política económica y mantener la inversión. Asimismo, se argumenta que con los presupuestos prorrogados vigentes España es la economía que más crece de los países desarrollados, así como la más destacada de la UE, ello con un apreciable crecimiento del PIB y del empleo, así como con reducción del déficit y de la deuda pública.
Soy plenamente consciente de la falta de apoyo parlamentario para que el gobierno pueda sacar adelante unos nuevos PGE, pero ello no le exime de cumplir la Constitución y presentar el correspondiente proyecto en el Congreso dentro de los plazos establecidos. Durante su tramitación se evidenciarán las diferentes concepciones del Estado, las alternativas económicas a las planteadas en el proyecto o, lo más probable, el obstruccionismo político para propiciar la caída del gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones. No, no nos debe valer que la economía vaya bien sin PGE, ni que los Next Generation de la UE supongan una inyección de inversión adicional, ni que las pensiones, la nómina de los funcionarios o el salario mínimo se puedan actualizar con recursos legales extrapresupuestarios, porque también hay efectos negativos, tales como el impacto generado por la incertidumbre o la repercusión en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. En suma, es necesario que se presente el proyecto de Presupuestos sin más dilación en el Congreso.
