Políticos vs. técnicos
No es nueva la dualidad entre políticos y técnicos. Suele aparecer de vez en cuando, como serpiente no ya veraniega sino dependiente de las “estaciones” por las que va pasando el ciclo político del momento y las circunstancias, generalmente adversas, a las que se enfrenta. No hay que ser muy observador para ver que en pocas ocasiones tenemos en un cargo de relevancia, léase ministerios, a personas realmente entendidas en la materia sobre la que tienen “mando en plaza” y en los casos en que coincide tal circunstancia se da una curiosa y, digámoslo así, dolorosa tendencia, a pasar por el tamiz de la ideología que los ha colocado en el cargo las actuaciones que podrían haber gestionado de otro modo, seguramente mejor, si hubieran anticipado su perfil técnico al meramente político.
Podríamos traer a colación ejemplos desde distintos vértices de la política actual, incluso de la ya pasada, y posiblemente ahora mismo nos hayan venido a la mente sus nombres, algunos de enorme relevancia en los dimes y diretes actuales. Señalarlos no serviría de nada ya que su ascensión al poder no ha dependido nunca de sus actividades profesionales sino de su acercamiento a posiciones cercanas a quien ha de nombrarles. Y he ahí el problema. ¿Puede verse adecuadamente un determinado problema social o de cualquier otro tipo si se observa desde el punto de vista de la adaptación al argumentario del partido gobernante y no desde la realidad que la sociedad o los afectados concretos necesitan? La respuesta dependerá, también, de quien procede a responder, pero tenemos pruebas muy cercanas de la utilización política de problemas muy candentes con el mero fin de entorpecer el avance del contrario, alterar el relato de la oposición y favorecer el ascenso del propio y, en suma, anteponer la lucha partidista a la solución efectiva.
En estos planteamientos suele surgir un tercer “jugador” y, además, en un número elevado y generalmente excesivo a los ojos de la ciudadanía: el asesor. El plantel de asesores que arrastran los gobiernos es desmesurado y ello no solo afecta a la credibilidad y a la profesionalidad del gobernante sino también a la economía. Podríamos caer en un simplismo poco riguroso si asociáramos el aumento de asesores con la ineptitud o el magno desconocimiento del político sobre la labor que se le ha encomendado, pero reconozcamos que suele pensarse y que crea un ambiente de desapego hacia determinados aspectos de la política. Por poner un ejemplo de plena actualidad, desde 2018, la estructura del gobierno actual ha aumentado hasta 1.747 personas si contamos los asesores y los altos cargos de confianza. Según los registros nunca antes se había alcanzado semejante cifra que no ha parado de crecer, tanto en número de asesores como de altos cargos. Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Función Pública, analizados por El Confidencial, el Ejecutivo socialista cuenta ya con 1.747 personas de confianza entre asesores y altos cargos. Nunca antes un Gobierno, como decimos, ha acumulado tal volumen de personal de confianza. El peso económico es tal que se ha alcanzado según las últimas cuentas de 2024 la cifra de 163 millones de euros (86,4 millones para altos cargos y 76,9 millones para asesores). De todos modos el hecho de observar a algunas personas de las que han sido colocadas en tales actividades, ver sus currículos o repasar alguno de sus trabajos —no voy a citar nombres pero estoy seguro que los estáis recitando ahora mismo— da mucho que pensar y produce, de nuevo, la sensación de que algo falla en el proceso y que merecemos que quienes manejan la vida ciudadana nos hagan sentirnos orgullosos de ellos y no que nos produzcan esa repulsión que nos inunda cuando vemos alguna de sus “incursiones”.
No se trata de que los técnicos sustituyan a los políticos, sino que en la colaboración entre ambos la balanza no se incline demasiado por los intereses más o menos político/ideológicos y se centre en el beneficio para todos los ciudadanos.