Ordinalidad
Hace unos días escuchaba a “DoñaMinistra” María Jesús Montero —tomo prestado el término de mi querida amiga Socorro Mármol Bris— explicando el proyecto de nuevo modelo de financiación autonómica. Trataba ante los micrófonos radiofónicos de trasladar las características y bondades del mismo, deteniéndose especialmente en el denominado “principio de ordinalidad”, ante las preguntas y repreguntas de la periodista que la entrevistaba. Confieso que ni yo mismo —que gozo de alguna formación en estos temas— la lograba entender. Enseguida me vino a la memoria aquella maravillosa película de 1935, “Una noche en la ópera”, de los hermanos Marx, en la que Groucho leía las cláusulas de un contrato que comenzaba diciendo: “La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte, aunque nunca las segundas partes fueron buenas”. No quiero que se piense que esto es una desconsideración a “DoñaMinistra”, que goza de mi respeto político, personal e intelectual. Sencillamente estoy convencido de que ni ella misma creía en lo que estaba diciendo, pero tenía que justificar a cualquier precio el acuerdo sobre financiación autonómica al que habían llegado el presidente Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, unos días atrás.
Trataré de explicarlo y deseo que ustedes puedan entenderlo. El denominado “principio de ordinalidad”, en las cuestiones relativas a la financiación autonómica, establece que: “Las comunidades autónomas (CC AA) con mayor capacidad recaudatoria de impuestos no pueden tener menos financiación por habitante que otras con menor capacidad”. En suma, que se debería respetar que la comunidad que más recaude sea también la que reciba una mayor financiación. En la actualidad las CC AA con mayor capacidad recaudatoria son, por este orden: Madrid, Baleares y Cataluña; consecuentemente, ellas deberían ser las que perciban una mayor financiación por habitante por parte del Estado. ¿Cuál es la cuestión que ahora se plantea? Sencillo, que siendo Cataluña la tercera comunidad en capacidad recaudatoria, recibe una financiación por habitante en torno a la media de las CC AA. El nuevo modelo garantiza que ocupe la misma posición en el ranking de capacidad recaudatoria que en el de perceptores de financiación. Cuestión esta que no queda claro que se respete en el resto de las autonomías. No me cabe duda de que este principio ha limitado las posibilidades de convergencia real entre las CC AA, así como que el sistema que finalmente se apruebe no debe tener un impacto negativo sobre la cohesión territorial y propicie un sistema de financiación justo y equilibrado.
Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, el nuevo modelo prevé destinar unos recursos adicionales de 21.000 millones de euros a la financiación autonómica. Las CC AA que tendrían un mayor incremento serían: Andalucía (4.846), Cataluña (4.686), Valencia (3.669) y Madrid (2.555). A ello debemos añadir que el gobierno ha aprobado una condonación de la deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico por importe de 83.000 millones de euros, siendo la quita de 18.791 para Andalucía, Cataluña (17.114), Valencia (11.210) o Madrid (8.644). En definitiva, 21.000 millones de euros de financiación adicional en el nuevo modelo y 83.000 de reducción de la deuda, lo que sin duda se puede afrontar dado el importante incremento de la recaudación impositiva logrado en estos últimos años, propiciado por el potente crecimiento de la economía española.
Me pregunto, como supongo que también lo harán ustedes, si el nuevo modelo tiene tantas bondades y beneficios, ¿por qué en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado hace un par de semanas, votaron en contra todas las CC AA —incluidas las de Asturias y Castilla La Mancha gobernadas por el PSOE—, con la única excepción de Cataluña? La respuesta es sencilla, es cuestión de ética y de estética negociar el nuevo modelo con todas las CC AA y sin privilegios, como lo haríamos con nuestros hijos para asignarle la paga semanal.
