Números que marean
Ya saben que yo soy muy aficionado a los números, a sostener con cifras las informaciones y opiniones que sustento; en definitiva, a fundamentar estadísticamente cualquier reflexión sobre la situación económica objeto de nuestra atención. No obstante, hay números que como ciudadano todavía me provocan una cierta sensación de mareo, tales y como son las cifras que estamos conociendo durante las últimas semanas sobre los beneficios y las retribuciones de los ejecutivos de las principales empresas españolas. Veámoslas. Los datos recogidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponen de manifiesto que el conjunto de las empresas que cotizan en bolsa obtuvieron en 2025 un beneficio de 71.118 millones de euros, que son las mayores ganancias jamás alcanzadas y que suponen un incremento del 4,36% respecto al de 2024, ejercicio que hasta ahora ostentaba la plusmarca; en suma, que vamos batiendo récord año tras año. Si nos limitamos a las mayores empresas cotizadas, que no son otras que las que se integran en el Ibex 35, el beneficio del último ejercicio fue de 59.763 millones de euros, un 2,56% más que en el año anterior. Todo ello sin incluir Inditex, ya que tiene un ejercicio fiscal irregular que no coincide con el año natural. El ránking lo encabeza el Banco de Santander con 14.101 millones de beneficio, seguido por el BBVA (10.511), Iberdrola (6.285), CaixaBank (5.891), IAG (3.343) y Arcelor Mittal (2.671). Bancos, energéticas e inmobiliarias fueron los sectores que en mayor medida contribuyeron a estas fabulosas cuentas corporativas.
Muy relacionada con los beneficios de las grandes corporaciones está la retribución que perciben los líderes ejecutivos de estas empresas. Así, en 2025 la lista está encabezada por Ana Botín del Banco de Santander con 18,5 millones de euros (incremento del 34% respecto a 2024), le sigue Ignacio Sánchez Galán de Iberdrola con una retribución de 15,86 millones (12,17% más que en 2024), situándose a continuación Carlos Torres del BBVA con 9,1 millones (incremento del 14,7%), José Manuel Entrecanales de Acciona (6,06 millones), Josu Jon Imaz —consejero delegado de Repsol y anterior presidente del Partido Nacionalista Vasco—, con unos emolumentos de 4,75 millones y así un largo etcétera hasta completar los 407,6 millones de euros que se repartieron los consejos de administración de las compañías del Ibex 35.
Que nadie piense que tengo algo que objetar a estos históricos beneficios de nuestras principales empresas y a las retribuciones de sus responsables ejecutivos, ni que es la envidia —¡Bueno, un poco sí!— la que me mueve a sacar a la luz estos datos; no, lo que me marea —como el título de esta colaboración— es la comparación de estas cifras con otras que nos son más cercanas, tales como la pensión media en España que se sitúa en 1.366 euros mensuales (1.566 las de jubilación), o los 1.221 euros en que ha quedado fijado el Salario Mínimo Interprofesional (17.094 anuales contabilizando las 14 pagas). Un maestro de primaria, por su parte, incluyendo el sueldo base y los complementos —específico y de destino—, apenas llega a los 2.530 euros brutos, a los que habría que sumar 41,86 euros por cada trienio y 82,30 por cada sexenio que tengan reconocidos.
El shock es más intenso cuando la comparación se hace con el patrimonio que a 1 de diciembre, según Forbes, atesoraban Elon Musk de Tesla, SpaceX y xAI (483.000 millones de dólares), Larry Page de Google (262.000), Larry Ellison de Oracle (253.000) o Jeff Bezos de Amazon (245.000) ¡Esto sí que marea! No me cabe duda de que debemos celebrar que las empresas españolas alcancen beneficios históricos, así como que el Ibex 35 logre cotizaciones de récord. Asimismo, considero justificable —no sé si son éticos tales niveles— que se retribuya adecuadamente a los ejecutivos que llevan a sus empresas a tan altas cotas de eficiencia. Lo que me parece inasumible es que, en este contexto de grandes cifras, de números mareantes, se cuestione la revalorización de las pensiones, el incremento del SMI o una justa retribución a nuestros docentes y sanitarios del sector público.