Montes... y ríos
Un verano más asistimos a una ola de incendios que convierten a España en un pasto de llamas camino de batir récords de destrucción. No es algo nuevo, es algo que se repite cada año en mayor o menor proporción en función de las características climáticas. Ver nuestros montes destruidos por el fuego es desalentador, como también lo es el sufrimiento de mucha gente que pierden su vivienda y su medio de vida. Además del drama que supone la pérdida de masa forestal, cultivos, flora, fauna, viviendas y vidas humanas, es necesario poner un énfasis especial en las secuelas psicológicas y emocionales que repercuten en las personas a las que les ha tocado sufrir los devastadores incendios. Para muchas de esas personas que conviven en zonas rurales su identidad es inseparable del entorno y cualquier cambio que se produce en el mismo les afecta de una manera brutal y tendrán que enfrentarse a muchas contingencias para superar la pérdida. Sentirse arropados por las instituciones y por la ciudadanía en general les puede ayudar mucho.
En una situación de empatía, podríamos pensar por un momento qué sentiríamos si perdiéramos nuestra casa, nuestros enseres y nuestro “modus vivendi”. Sin embargo, lejos de ello, la tragedia de los incendios forestales ha generado una gresca política y de los políticos con mensajes poco sensibles y con una alta carga de deshumanización cuando lo ideal es que todos, sean del signo que sean, deberían haber actuado de manera conjunta y coordinada, a sabiendas de que las Comunidades Autónomas tienen sus responsabilidades y el Estado las suyas, para tratar de evitar las gravísimas perdidas ocasionadas ante una de las peores olas de incendios forestales de los últimos años. De repente nos damos cuenta que los trabajos de prevención, responsabilidad de las comunidades autónomas, estaban sin hacer, que no había suficientes bomberos y guardas forestales, ni siquiera los recursos más elementales para hacer frente a la catástrofe. Aunque está claro que las competencias recaen en las distintas Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado tiene la competencia de desplegar medios estatales de apoyo según se establece en la Ley de Montes. Echar la culpa a otro no tiene sentido cuando se trata de salvar bosques y vidas humanas. “Más vale prevenir que lamentar” decía el refrán, pero parece que la prevención no es algo que esté en las agendas de los responsables políticos, al menos de manera eficaz. La necesidad de lograr un consenso entre el espectro político y los profesionales del sector forestal es una necesidad urgente. Los incendios se van apagando lentamente y caerán en el olvido a la espera de unas ayudas que tardarán mucho en llegar como ocurrió antes con la dana o con el Volcán de La Palma. Los informativos dejarán de hablar de los incendios y los asuntos de la corrupción volverán a ser los protagonistas corriéndose un tupido velo. Pero los retos no acaban aquí y ahora en esta etapa veraniega. Pronto, llegará el otoño y el invierno y con ellos las lluvias y las temidas danas. El otoño climatológico ha comenzado el lunes 1 de septiembre y después de la catástrofe de Valencia el pasado año, debemos estar preparados para prevenir sus posibles consecuencias mediante actuaciones prioritarias en la conservación y mantenimiento de los cauces de los ríos, en la mejora y modernización de las infraestructuras, en el mantenimiento adecuado de alcantarillados y en la modificación de planes urbanísticos en zonas inundables, entre otras cuestiones importantes. Es el momento de revisar los protocolos y los sistemas de alerta a la población adaptadas a las distintas peculiaridades específicas de cada territorio porque los incendios y las inundaciones seguirán siendo una amenaza. La coordinación entre los distintos niveles administrativos es una asignatura pendiente en nuestro país.