Laissez faire

Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui même” —dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo— fue el principal lema de los Fisiócratas —Quesnay, entre otros—, que sostuvieron a mediados del siglo XVIII las grandes ventajas de la libertad económica. Según su concepción, la vida económica estaba regida por leyes naturales, por lo que promovían la libertad de mercado para que las fuerzas de la oferta y de la demanda regularan todo por sí mismas. Casi coetáneo de los fisiócratas, Adam Smith —considerado el “padre” de la ciencia económica—, fue también un gran defensor de la libertad económica, afirmando que los individuos saben mejor que el Estado lo que les conviene. Sostenía Smith que el hombre es conducido por una “mano invisible” a promover una finalidad que no forma parte de sus intenciones. Así, el productor para aumentar sus beneficios, procura fabricar mercancías buenas y baratas; el comerciante, para ganar dinero, transporta las mercancías desde donde se paga menos por ellas a donde se paga más, es decir, desde donde son abundantes hasta donde escasean; el consumidor, al procurar comprar barato, excita el ingenio y la actividad de fabricantes y comerciantes. En suma, el economista clásico sostenía que el papel del Estado debería limitarse a: 1) Mantener el orden público; 2) la defensa nacional y 3) garantizar el cumplimiento de los contratos. A finales del siglo XIX, la denominada Escuela Austriaca critica la intervención estatal y defiende los mercados libres —Mises y Hayek son sus principales referentes—. Ya en los años 70 del siglo XX la Escuela de Chicago se erige como una corriente de pensamiento económico partidaria del libre mercado, antitética del keynesianismo y, por lo tanto, partidaria de la mínima intervención del Estado. Milton Friedman es su más importante representante.

Hasta aquí los antecedentes históricos de las corrientes ultraliberales que en la actualidad se extienden por el mundo. En efecto, la extrema derecha —principal defensora del ultraliberalismo económico— lidera en estos momentos el gobierno o forma parte de él en numerosos países europeos, tales como Italia, Eslovaquia, Bélgica, Finlandia, Holanda, Suecia, Croacia y Hungría; y latinoamericanos, como lo son Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Honduras. Al frente de todos ellos, Trump en USA. Los postulados clave del actual ultraliberalismo económico, que aboga por la mínima intervención estatal y la máxima libertad individual en las transacciones son: a) Mercados radicalmente libres que optimicen la asignación de recursos y garanticen el crecimiento y el bienestar; b) privatización de los servicios públicos, al creer que la gestión privada es más eficiente que la pública; c) reducción drástica o eliminación de regulaciones gubernamentales en los diferentes sectores y mercados; d) reducción del gasto público y de los impuestos para estimular la inversión y el crecimiento; e) soberanía monetaria y abolición de los bancos centrales. Estas son las ideas presentes en el discurso político y en las agendas gubernamentales de la extrema derecha.

Esta corriente de pensamiento y política parece desconocer que, para luchar contra el poder de los monopolios y la contaminación ambiental, para propiciar la producción de bienes públicos y, sobre todo, para modificar la distribución de la renta buscando una mayor igualdad, se requiere la intervención del Estado. Lo contrario es la “ley de la selva”, la “ley del más fuerte” y las impúdicas desigualdades que son seña de identidad del mundo actual. Un mundo en el que un puñado de milmillonarios controlan más riqueza que el 50% de la humanidad, un mundo en el que coexisten las siderales fortunas de Elon Musk o de Jeff Bezos con las imágenes de hambre y pobreza extrema de Gaza, Afganistán, Yemen, Mozambique o Haití. No, no comparto las ideas ultraliberales y creo que todos los ciudadanos —sin exclusiones— tienen derecho a una buena educación, a una mejor sanidad, a pensiones dignas, a adecuadas infraestructuras, etcétera, y eso solo lo puede hacer el Estado con políticas redistributivas.