La seguridad jurídica es necesario

La seguridad es una aspiración universal y en democracia es imprescindible para el libre ejercicio de los derechos; los ciudadanos —y la economía es especialmente sensible— no se sienten seguros si algo falla en el Estado de Derecho. La Constitución en el artículo 9.3 la garantiza y relaciona con la publicidad, la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad. Los pactos ocultos, las negociaciones secretas y bajo amenaza, las cesiones y trueques por votos, la amnistía, el mediador, la condonación de la deuda, el traspaso de las cercanías, la inmigración, los anuncios de cambios en la legislación societaria, la deslealtad institucional, el “law fare” y la confusión y desconcierto que les sigue, son elementos extraños que condicionan —y amenazan— la actividad parlamentaria, atacan la seguridad jurídica e impiden gozar de la adecuada confianza legítima en los poderes públicos y la previsibilidad de sus decisiones. La política debe satisfacer necesidades sociales, resolver sus problemas, atender al progreso; lo demás son decisiones arbitrarias que generan desigualdad. El presidente, como Groucho Marx, quema la madera del tren constitucional para seguir mandando en su locomotora.