Inversión en infraestructuras
El accidente del AVE Madrid-Sevilla debería abrir el debate sobre la necesidad de invertir en el mantenimiento de las infraestructuras públicas, que va inevitablemente unido a la política fiscal y los impuestos que debemos pagar todo el mundo. Desde hace años los populismos de extrema derecha y las autocracias que nos gobiernan en muchos países de nuestro entorno vienen defendiendo modelos de sociedad donde reina la ley del más fuerte y poderoso. Su modelo es acabar con los impuestos porque eso, según ellos, es robarle a la gente su dinero. En palabras de Feijóo en su última campaña “Sánchez mete la mano en los bolsillos de los españoles”, lo que supone no sólo una frivolidad sino un ataque muy serio a las políticas públicas.
En la última encuesta de Eurostat sobre estado del bienestar, la mayoría de los europeos y españoles prefieren pagar más impuestos a cambio de tener estado del bienestar, aunque este apoyo viene bajando progresivamente en las últimas encuestas. La sociedad española ha avanzado muchísimo en las últimas décadas, con políticas que nos colocan a la cabeza de los países más desarrollados del mundo. Podemos presumir de los casi 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad, de los extraordinarios aeropuertos que mueven récord de turistas cada año, de nuestros pantanos o de esa extensa red de hospitales públicos que hasta hace poco era el orgullo del estado del bienestar. Sin embargo, mantener todas esas infraestructuras públicas que todos queremos y disfrutamos tiene costes altos que tenemos que pagar entre todos. Sólo un mantenimiento ordinario de nuestra red de alta velocidad supera los 500 millones anuales. Desde la crisis del 2008 donde empezó a reinar la política de austeridad, las inversiones públicas en infraestructuras y en políticas del bienestar han sido del todo escasas. A eso se suma que hay muchos gobiernos y gobernantes empeñados en hacer negocio del ladrillo y sólo les preocupa inaugurar y hacer obra nueva, pero en cambio no gastan lo necesario en mantener la obra que ya existe. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, dice que es la comunidad que más invierte en sanidad, pero no dice que no invierte en médicos ni en mantener los hospitales públicos, sino las inversiones van a hospitales nuevos sin dotar, algunos sin servicio como el famoso Zendal. Necesitamos un debate serio sobre el mantenimiento de las infraestructuras públicas, siendo transparentes y explicando el coste que todo esto supone. No sólo hay que invertir en infraestructura nuevas, también hay que mantenerlas, aunque eso no aporte fotos diarias en los medios a los políticos que las lideran, ni posibilidad de negocios a amigos cercanos. Mantener las infraestructuras no es “gastar”, es invertir en seguridad, y generar confianza. Cuando una carretera, un puente, una estación eléctrica, un hospital o una red de saneamiento funcionan, casi nadie lo nota, cuando fallan, el coste aparece de golpe en víctimas, interrupciones, pérdidas económicas, litigios y una sensación colectiva de vulnerabilidad. Recortar mantenimiento suele “cuadrar” un presupuesto a corto plazo, pero descuadra el futuro. Durante la legislatura de Rajoy se contuvo el déficit a costa de no invertir y ahora el hecho es que, a pesar del esfuerzo de últimos años, ponerse al día va a requerir mucha inversión pública.
Mantener infraestructuras requiere un gran pacto y no mentir ni hacer populismo cuando se habla de impuestos y gasto público. Una infraestructura segura no es la que nunca falla, sino la que se cuida para que no falle de forma catastrófica.
