Igualdad de territorios
El artículo 14 de la Constitución Española establece que “los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”. Podemos sentirnos orgullosos pues en los últimos 40 años este derecho fundamental se ha afianzado delimitando su alcance y contenido desde las instancias judiciales más cercanas hasta el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, encontrando verdaderas amenazas en lo que al desarrollo territorial se refiere. La propia Unión Europea mira hacia otro lado admitiendo el dumping tributario que gozan empresas ubicadas en Irlanda, Países Bajos o Luxemburgo. No muy diferente ocurre en el sistema fiscal autonómico de nuestro país, con divergencias tributarias entre regiones que no responden a criterios de competitividad ni desarrollo territorial.
No menos inquietante resulta conocer los posibles acuerdos de investidura y que podrían favorecer a Cataluña exonerándola de la deuda pública del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la cesión íntegra de los tributos, o la intromisión en la independencia judicial que quiebra la separación de poderes por la exigencia del “lawfare” (instrumentalización de la justicia con fines políticos), lo que supone, en la práctica, la revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales.
Estos acuerdos, en general, provocan inseguridad jurídica, lo que genera desconfianza en los mercados y las inversiones. En particular la condonación de la deuda afectaría a la capacidad económica de las políticas fiscales de las autonomías. Cataluña es la comunidad que más debe, 73.110 millones de euros, lo que supone 9,26 € por habitante, mientras que Andalucía mantiene una deuda de 25.409 millones de euros, (3,02 € por habitante), y Extremadura tan solo 2.494 millones. ¿Cómo aplicar esta condonación con criterios de justicia territorial cuando andaluces y extremeños copan la renta per cápita más baja del estado (18.906 y 19.072 euros) mientras que los endeudados que pretenden la condonación tienen un 61% más de renta per cápita (29.942 euros)? Por cierto, los jiennenses apenas superan los 15.000 euros per cápita, la mitad que los catalanes. Esta deuda tiene su origen en una financiación estatal que venía a compensar el impacto de un ciclo económico negativo, pero viendo las cifras macro de cada deudor, todo indica que el destino nada tiene que ver con ese impacto, y más con una gestión ineficiente de los recursos públicos.
Por otra parte, indigna que comunidades con una fuerte riqueza industrial y endeudadas hasta las trancas con el Estado, pretendan un sistema tributario foral, eliminando la herramienta de solidaridad entre territorios. Desaparecerían los impuestos estatales y gestionarían la totalidad de los tributos a nivel autonómico. Toda la riqueza generada en su territorio tributará en origen, y además el consumo de sus productos en el resto de España revertirá en ellos vía impuestos directos.
En definitiva, no avanzaremos como sociedad en la medida en que no fortalezcamos todos los eslabones por igual, porque al final, si cedemos ante chantajes, se puede romper la cadena.