Garantizar las pensiones
Desde hace algunos años las asociaciones de pensionistas vienen reivindicando en sus periódicas manifestaciones: “Que se prohíba expresamente que cualquier gobierno pueda recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones, así como que se recoja en la Constitución el mantenimiento del poder adquisitivo real de las mismas”. Nunca antes había sentido la necesidad de llegar tan lejos, de propiciar una reforma constitucional para garantizar que la revalorización anual de las pensiones se adecúe a la evolución de la inflación. Es verdad que con carácter cíclico emergen los temores sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que diferentes organismos internacionales —Ocde, FMI, UE— avisan de la necesidad de hacer continuas reformas para asegurar la viabilidad del mismo, como también en el ámbito doméstico se pronuncian reiteradamente en este sentido el Banco de España, la Airef o diferentes analistas económicos. Sí, los pensionistas siempre tienen la “espada de Damocles” sobre sus cabezas, generando incertidumbre en su futuro.
¿Qué ha cambiado para que vuelva a “salir a la palestra” el temor a la viabilidad del sistema de pensiones? Sin duda, la mayor inquietud proviene de la alteración en el esquema de preferencias públicas de muchos gobiernos en la actualidad, empezando por el de USA. En efecto, impulsado por las exigencias del presidente Trump, y arropado por la inmensa mayoría de los países pertenecientes a la OTAN, se ha aprobado llevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, lo que implicará ajustar otras partidas presupuestarias. De hecho, Francia ya ha anunciado un recorte presupuestario de 44.000 millones de euros, supresión de empleos públicos y congelación de las pensiones. La Airef estima que llevar el gasto de defensa en España inicialmente hasta el 3,5% del PIB requeriría 30.000 millones de euros adicionales, lo que equivale a la mitad del gasto en educación.
No se descubre nada nuevo cuando decimos que el problema económico fundamental es la escasez de recursos y la necesidad de decidir cómo utilizarlos para cubrir las necesidades humanas, que son ilimitadas. Sí, no queda otra alternativa que elegir el destino de los recursos, ya que incrementar la deuda pública es cada vez más inviable. Recordemos que la misma ya supone un 153,6% del PIB en Grecia, el 135,3% en Italia, 113% en Francia, 104,7% en Bélgica o el 103,5% en España, que somos los cinco países más endeudados de la UE. Claro está, subir impuestos tampoco ¿Verdad? En efecto, los gobiernos defensores del mayor gasto militar suelen ser firmes partidarios de la mínima presión fiscal. Pues ya me dirán cómo se soluciona el dilema. No queda otra que recortes en el Estado del Bienestar, y ahí están las pensiones.
En el Informe sobre el Envejecimiento de 2024, la UE estima que en 2036 el gasto en pensiones supondrá, en promedio de los 27 países miembros, en torno al 12% del PIB. Veremos cómo se paga. Además, ya son muchos los países, entre otros España, en que los ingresos de la Seguridad Social no cubren los gastos, por lo que se deben de complementar con impuestos y deuda pública a través de los Presupuestos Generales del Estado. Claro, siempre tendremos la solución de retrasar la edad de jubilación para aligerar la factura. Recordemos que en 2027 la edad legal de jubilación será a los 67 años para los que tengan carreras laborales de menos de 38,5 años. Asimismo, habrán de haber cotizado 37 años para tener derecho al 100% de la base reguladora de la pensión. Recientemente la Fundación BBVA y el Ivie estimaban que los jóvenes de hoy que solo hayan podido cotizar 30 años, deberán retrasar su jubilación hasta los 71 años para tener una pensión similar a la de su último salario. Podrán retirarse a los 68 con 35 años de cotización y a los 65 con 40 años cotizados. En fin, nubes negras de nuevo en el horizonte. Una solución que nos dejaría más tranquilos a los jubilados sería que se suscribiera un pacto entre todos los partidos del arco parlamentario para garantizar constitucionalmente el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
