Evaluar políticas públicas
Constituyen un amplio catálogo las políticas públicas impulsadas por los poderes gubernamentales de los diferentes niveles —municipal, autonómico y estatal—, que se llevan a cabo con la implicación de recursos financieros procedentes de los ciudadanos, que somos los que soportamos con nuestros impuestos la realización de tales actuaciones. Me estoy refiriendo, claro está, a los diferentes programas que el sector público ejecuta en los ámbitos de la educación, sanidad, ayudas al tejido productivo, infraestructuras, vivienda, cultura, deporte, promoción del turismo, etcétera. No es irrelevante saber en qué y cómo se gastan “nuestros dineros” los poderes públicos y, además, si se cumplen los objetivos a un coste aceptable. En definitiva, la evaluación de políticas públicas permite conocer si las mismas están obteniendo los resultados perseguidos y los objetivos fijados, así como si se están logrando de la manera más eficaz y eficiente posible. Puesto que al tratar la evaluación de políticas públicas nos vamos a encontrar frecuentemente con estos términos, conviene aclarar que la eficacia es “la capacidad de lograr el efecto o resultado deseado” —lo que importa es saber si se ha conseguido—, mientras que la eficiencia es “la capacidad de lograr esos resultados con el mínimo de recursos posibles” (tiempo, dinero, o materias primas); en definitiva, lo óptimo sería conseguir los objetivos con el menor coste posible.
Si bien es cierto que desde los años 90 del siglo pasado se vienen evaluando algunas políticas públicas, siempre a instancias de las obligaciones impuestas por algún organismo europeo del que recibimos recursos, particularmente el Fondo Social Europeo y el Feder, la realidad es que apenas está extendida en nuestro país la práctica de la evaluación. De hecho, su impulso se ha llevado a cabo recientemente mediante la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de “institucionalización de la evaluación de la Administración General del Estado”. En su preámbulo se llega a afirmar que la evaluación de las políticas públicas se erige en la actualidad como una herramienta imprescindible para la mejora de las acciones de gobierno, ya que favorece la toma de decisiones informada y sirve como elemento para proponer eventuales correcciones. Además, se configura como un instrumento fundamental para contar con políticas públicas más eficaces y eficientes y, en última instancia, es un elemento de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
No cabe duda de que evaluar facilita la participación de los ciudadanos, técnicos de los proyectos, gestores y políticos en la toma de decisiones. Asimismo, posibilita la “rendición de cuentas” como parte del proceso sociopolítico-democrático. También incrementa la eficacia de las políticas públicas y aumenta la eficiencia. Otro objetivo que se consigue es mejorar las prácticas de la administración, al introducir la cultura de la transparencia, la calidad y el compromiso que debe presidir la intervención pública. En definitiva, la evaluación tiene dos propósitos principales: 1) Aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el fin de mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas, así como de sus respectivos programas y proyectos; 2) Rendir cuentas a quienes han aportado los recursos utilizados.
Permítanme aclarar que la más habitual es la denominada “evaluación ex post”, que se realiza a posteriori, una vez finalizada la correspondiente política y cuyo objetivo es emitir un juicio acerca del éxito/fracaso de la misma. Ahora bien, también existe la “evaluación ex ante”, que se realiza antes de comenzar el proyecto público, siendo el fin analizar su adecuación a las necesidades que lo motivan y determinar sus posibilidades de éxito. La “evaluación ex ante” se debe pronunciar sobre la pertinencia del diagnóstico, la coherencia de la estrategia, los costes de la actuación y su oportunidad. ¿Creen que se habría construido el tranvía de Jaén si se hubiera realizado una “evaluación ex ante de su viabilidad? Si evaluamos a los estudiantes, se debe proceder igual con los gestores públicos.