El juez Garzón
El caso es que me acerco años después a la figura de Baltasar Garzón para referirme al momento en que conocí la conclusión de Comité de Derechos Humanos de la ONU, en ella se determinó que la inhabilitación de Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo español fue un proceso arbitrario y vulneró sus derechos. Las alarmas saltaron al enterarme de que el Tribunal Supremo había admitido una querella por la investigación de los crímenes del franquismo. Fue entonces cuando Falange y Manos Limpias intentaron descabezar al juez Garzón. La preocupación por el funcionamiento de la Justicia fue en aumento, pues no entendía que un juez fuese considerado como un delincuente por abrir una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Este no era un juicio normal y el Supremo era consciente de lo que implicaba para el prestigio de España como democracia. Fue sorprendente la actitud del fiscal del Supremo que no acusó en este proceso y se opuso vehementemente contra la apertura del juicio. Aquí se estaba encausando la carrera y el estilo Garzón: La justicia penal pudo ser usada para minar la independencia judicial y apartarla de lo que la sociedad valora como justo e injusto. Paradójicamente, en el procesamiento de Pinochet al juez Garzón le valió el aplauso de todo el mundo.
Y de ese segundo de gloria pasó a expresar su más absoluto y profundo rechazo a la resolución por la que el magistrado Manuel Marchena le imputó un delito de cohecho en la causa por los cursos en Nueva York. El juez Garzón recordó que el magistrado que instruía esta causa ya le juzgaba en otra paralela, la de las escuchas de la Gürtel, motivo por el que solicitó su recusación. Marchena denegó de forma sistemática la práctica totalidad de pruebas fundamentales que propuso Garzón y que pretendían demostrar la falta de veracidad y la inconsistencia de su acusación. Garzón acusó a Marchena de construir un auto de inculpación sobre una interpretación sesgada, parcial y no verdadera en relación con lo acreditado en la causa. Marchena, sin amparo probatorio alguno, hizo afirmaciones tan graves como inciertas sobre Garzón y sobre personas físicas y jurídicas que nada tenían que ver con la investigación prospectiva que se estaba realizando sin respetar mínimamente los derechos de cada una de estas personas que ni siquiera fueron oídas. En consecuencia, era difícil reparar los graves perjuicios ya irrogados por esta causa. El caso es que el entonces magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, instructor de la causa por los cursos de Nueva York contra Baltasar Garzón, abrió a este juez un procedimiento por cohecho pasivo impropio, que era el mismo delito del que se acababa de exculpar a Camps. Y lo hizo sin esperar a que el tribunal que tenía pendiente dictar sentencia sobre las escuchas en el caso Gürtel y del que dicho instructor formaba parte, hubiese concluido sus deliberaciones. El Supremo tramitaba tres causas simultáneas contra una persona y los riesgos de contaminación saltaban a la vista. Esta nueva vuelta de tuerca, ofreció la peor cara de una justicia que se estaba desacreditando así misma. ¿En España la justicia se acomoda a lo que piensan los jueces? El juez Marchena sin llegar a ninguna consecuencia, ignoró a la defensa y al fiscal y dejó un auto plagado de juicios morales. La primera víctima del caso Gürtel lleva mucho tiempo esperando la rehabilitación de sus derechos. Sea.