Deterioro democrático

Cuando la sociedad tiene que asistir atónita a una serie de irregularidades y alguna que otra tropelía que suceden un día sí y el otro también, discursos que buscan dividirla en bandos irreconciliables y formas de gobernar que van minando la confianza ciudadana sin que ningún estamento institucional pueda poner freno a la impostura y la falsedad de las iniciativas que se nos presentan como único camino posible para estar en el lado correcto de la historia, es que algo va muy mal y se está produciendo un deterioro profundo de la normalidad democrática. En mi opinión no existe esa entelequia que nos presentan con la metáfora “lado correcto”, manipulando la opinión pública por medio de mensajes contradictorios que son producto de estrategias de comunicación orientadas a levantar un muro hecho de desprecio al diferente, que divide la sociedad en bandos irreconciliables. Esta polarización conduce a enfrentamientos entre los ciudadanos, amigos contra amigos, todos contra todos. Ahondando en ella se llega a la incapacidad para dialogar y se convierte al interlocutor en un enemigo en potencia.

La acumulación de declaraciones machaconas e incendiarias, basadas en argumentarios creados por los departamentos de comunicación y propaganda de los partidos políticos, acaba produciendo pesimismo en la ciudadanía que observa cómo lo único importante para la clase política es ganar el relato y presentar los errores reales o ficticios del adversario, esquivando tratar los problemas que de verdad importan a la sociedad. La consecuencia última de esta manera de proceder es el cansancio de los ciudadanos, el hastío por toda la actuación de la clase dirigente y todo lo que ella representa, pues tanta ineficacia, tanta mentira y tanta bilis provocan un agotamiento cívico que concluye en desprecio y lo que todavía es peor, en resignación, ya que se extiende la idea de que todo da igual, porque no hay manera de salir de esta situación, ya que todos son iguales. Esta manera de proceder de los partidos se manifiesta con más crudeza si cabe en el funcionamiento diario de las instituciones que mediatizadas por las presiones políticas y despojadas de su capacidad de actuar con arreglo a la norma escrita o vigente por el buen uso, pierden prestigio y legitimidad a ojos de la opinión pública, que duda de su capacidad para legislar e incluso para garantizar el cumplimiento de las leyes porque de manera sistemática se están ignorando y eliminando todos los mecanismos de control democrático. Esta erosión permanente del orden establecido y su falta de consecuencias graves para aquellos que lo generan y lo permiten conduce a una apatía social generalizada en la que los ciudadanos acaban perdiendo la capacidad de crítica y están dispuestos a aceptar que estas conductas anómalas continúen porque no hay alternativa ni medios para ponerles remedio.

Si a todo lo que antecede, que ya es más que grave, se le suma el problema estructural en la gestión pública que consiste en la politización del aparato administrativo, que se produce cada vez que cambia de signo político el gobierno. Consiste esta funesta costumbre en repartir sin pudor alguno todos los puestos de dirección, representación y gestión de la administración a los dirigentes, afiliados, familiares y allegados del partido que gana las elecciones y va a comenzar a gobernar, sin tener en cuenta la capacidad, el mérito y la experiencia imprescindible para desempeñarlos con eficacia. Este nepotismo, habitual en la praxis de todos los gobiernos que se han sucedido a lo largo de los años de esta etapa democrática, es fuente inevitable de ineficacia administrativa y causa común de muchos de los procesos de presunta corrupción y malversación de caudales públicos que aquejan a la mayoría de los departamentos gubernamentales una vez que los nuevos cargos tienen que responder a los favores recibidos o por recibir. Los tribunales de justicia tienen trabajo más que asegurado para descubrir, juzgar e incluso condenar a presuntos delincuentes ya sean aforados o no. La precepción popular es que la mayoría incrementa su patrimonio de manera harto sospechosa e irregular porque se creen impunes ante la justicia.