Autonomías
Durante los últimos meses las Comunidades Autónomas (CC AA) no dejan de estar de actualidad, ya sea por su papel en la prevención de catástrofes naturales, tales como la dana del pasado 29 de octubre de 2024, la denominada “financiación singular” para Cataluña y la consiguiente reforma del vigente sistema de financiación de las CC AA, la quita de la deuda autonómica por un importe de 85.000 millones de euros y, el tema más reciente, las casi 400.000 hectáreas que el fuego ha arrasado en este verano de 2025. Los medios de comunicación nos informan exhaustivamente hasta hacernos caer en el hartazgo —confieso que en este pasado mes de agosto he tenido que desconectar de los informativos de radio y televisión—, por la reiterada y machacona retahíla de informaciones, el reparto de responsabilidades entre administraciones y unos tertulianos —que saben de todo— pontificando sobre las causas y soluciones para las catástrofes naturales. ¡Qué me dicen de los partidos políticos! Pues más de lo mismo. Según unos, la culpa de la falta de prevención y rapidez en la respuesta es de las autonomías, según los otros el responsable es el Gobierno que no presta la ayuda necesaria y con la celeridad que se requiere en cada momento. ¿A quiénes creemos? Está claro, cada uno a los suyos, a los que vota cada cuatro años, convirtiéndonos en meros “hooligans” —sí, a veces con violencia verbal— y dejando en el olvido la obligación que deberíamos tener de ser unos ciudadanos bien informados.
Volviendo al tema que nos ocupa hoy, el de las Autonomías, no estaría de más recordar que la actual estructura territorial del Estado fue alumbrada en la Constitución de 1978, en cuyo artículo 143 se dice que: “...las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas”. Coincidirán conmigo en que la intención de los redactores de la Carta Magna no era otra que la de desactivar el independentismo catalán y vasco mediante el reconocimiento de un elevado nivel de autogobierno. Ahora bien, para no discriminar a las demás se extendió al resto de las CC AA bajo la conocida fórmula del “café para todos”. Las competencias que podían asumir se establecen en la propia Constitución (artículo 148) y se fijan en los respectivos Estatutos de cada una de las 17 existentes. En principio, las cuatro que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución —País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía— podrían tener una mayor capacidad de autogobierno, aunque las competencias quedarían definitivamente fijadas en los Estatutos de Autonomía y se desarrollarían en las negociaciones llevadas a cabo con el poder central, tanto en el inicial proceso de transferencias como en los pactos posteriores.
Han transcurrido 45 años —alguno más o menos según cada Comunidad— desde que están legalmente fijadas las competencias. Entonces, yo me pregunto y seguro que muchos otros ciudadanos también, ¿A quién corresponde prevenir y afrontar las catástrofes derivadas de fenómenos naturales? Ya estemos ante una dana —lo que antes conocíamos como “gota fría”—, incendios forestales o un terremoto. Si no hay mala intención —intencionalidad política— y no está suficientemente especificado en la legislación, pues que se aclare, que se fijen protocolos, responsabilidades, competencias, medios, etcétera. Y, eso sí, que dejen de marearnos quitándose culpas y transfiriéndolas al de enfrente. ¿Nos toman por tontos? Sí, sin duda, tanto los partidos políticos como los medios de comunicación ideologizados han conseguido volvernos tontos.
Hay algo que, aun siendo muy simple, escapa a mi capacidad de comprensión. En España hay un ministro o ministra, 17 consejeros autonómicos, 50 diputados provinciales, 8.132 concejales y unos pocos responsables comarcales con competencias en medioambiente. ¡Madre mía! Y entre todos no son capaces de prevenir y gestionar las catástrofes. ¿Ha quebrado el Estado Autonómico de la Constitución de 1978? Probablemente, sí.
