Activismo ambiental

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha declarado lo necesario que resulta el activismo ambiental para avanzar en la imprescindible protección del medio ambiente. A pesar de ello, la Fiscalía de la Audiencia Nacional introdujo al “ecologismo radical” bajo el epígrafe de amenazas “terroristas” en su memoria anual de dos ejercicios consecutivos (2022 y 2023), señalando explícitamente a Extinction Rebellion (XR) y Futuro Vegetal. ¿Es esto un caso de lawfare? ¿Es esto un caso de guerra jurídica, de instrumentalización de la Justicia, de judicialización de la política o de acoso judicial a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente? El fiscal general ha reconocido que la mención de estos grupos en ese apartado no resulta procedente. Esta declaración da respuesta a nuestra pregunta. Solo unos pocos sectores piensan que el negocio es más importante que el cuidado del medio ambiente. Lo triste es que esos pocos sectores son los que tienen más dinero e influencia y son, en definitiva, los que mandan. De ahí que en Madrid, por ejemplo, identifiquen la libertad con poderse tomar unas cañas.