Singularidad territorial
Se debate en la actualidad sobre la concesión de una financiación singular para Cataluña, lo que supondría una soberanía fiscal plena por la que gestionarían el 100% de sus ingresos tributarios y pagarían al Estado una contraprestación por los servicios de defensa, representación exterior y administración de justicia. Si no se remedia, el criterio de equidad y solidaridad territorial quedaría fuera del tablero.
El sistema actual de financiación autonómica se basa en unos principios constitucionales de coordinación, autonomía financiera y solidaridad. Las Comunidades gestionan recursos procedentes de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) y la gestión directa de Impuestos Propios.
Cataluña tiene 7,8 millones de habitantes con la cuarta renta per cápita de España con 32.550 euros, mientras que Andalucía con 8,5 millones de habitantes tiene la renta per cápita más baja del país con 21.091 euros. Según el estudio publicado por el Consejo General de Economistas sobre el “Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2024” la comunidad con mayores Ingresos Totales en 2022 es Cataluña con 25.598 millones de euros (el 21,6% del país), lo que supone 3.298,10 euros por habitante. En Andalucía estos Ingresos Totales ascienden a 17.339 millones de euros (14,6%) lo que supone 2.037 euros por habitante. Según esto resulta obvio que el actual sistema beneficia a Cataluña que ya de por sí recibe del Estado más que el resto de España a pesar de su excelente posición en renta per cápita. Lo verdaderamente singular de Cataluña es que, además de los ingresos que recibe, es la comunidad que más recauda por Impuestos Propios. Mientras que por este concepto Andalucía recauda 146 millones de euros (dentro de la media de España), en Cataluña ingresan 922 millones de euros. Con todo esto, si analizamos la gestión de ingresos (Cataluña es la que más recauda por PIE y por propios), nos podría llevar a pensar que es la más saneada. Sin embargo la singularidad catalana va más allá y presenta un déficit estructural y una deuda pública de 33,4 millones, mientras que Andalucía es de 21,4.
El mensaje que se traslada en Cataluña es que soportan la presión fiscal más alta y, a pesar de eso, padecen déficit. Este mensaje es el combustible que genera un rechazo hacia el Estado Central como responsable. Sin embargo, lo cierto es que esta elevada presión responde a impuestos propios, que otras comunidades han eliminado o reducido considerablemente. Esto nos lleva a pensar que la singularidad de esta región viene más por la gestión de su gasto público y no por los ingresos, y probablemente ese gasto venga a financiar esa política de identidad separatista.
No podemos olvidar que el sistema foral de tributos que pretende Cataluña, que gestionaría el 100% de los ingresos generados en su territorio, afectaría al resto de Comunidades, pues perderíamos esa cuota de riqueza del Estado que puede rondar el 20% de los ingresos. ¿Podríamos soportar una caída de este porcentaje en los ingresos del Estado en el resto de Administraciones? La papeleta no es fácil porque es obvio que debemos avanzar en eliminar el sentimiento separatista que nos debilita como país, pero mucho me temo que esta receta tributaria es cortoplacista, sigue financiando el nacionalismo y rompe con el principio constitucional de solidaridad territorial.
