Los pecados de la carne

Sí, es un palabro que quizá le ahuyente de seguir leyendo. Pero me arriesgaré. El concepto: Obsolescencia programada. Es el término productivo que explica cómo en el diseño empresarial se “planifica” el fallo del producto para que el usuario tenga, obligatoriamente, que actualizarlo o, mejor, comprar uno nuevo. Círculo comercial virtuoso para el lucro de la empresa. Mi amigo ingeniero me lo explicó aplicado no solo a la tostadora, sino a la obra pública y, claro, uno que es peliculero ve “Conspiración”, de Mel Gibson, por todos lados. No hace falta que la obra sea faraónica para remendarla con otro cuantioso proyecto de arreglo; una calle levantada tres veces al año también tiene su rédito o unas vacaciones pagadas en la costa. Las posibilidades son ilimitadas si la administración no está en lo que debe estar o si el zorro es el que cuida de las gallinas. En las últimas décadas, al calor de las obras públicas, los zorros no eran, precisamente, una especie en peligro de extinción en la Península Ibérica. En mi paranoia conspirativa veo que algunos sumarios judiciales también encierran, en esos cuantiosos tomos, un mecanismo de autodestrucción para que después de tanto ruido queden en legajo mojado o disueltos en titulares.

No obstante, la actualidad se escribe con renglones torcidos y la judicial, en ocasiones, también. La denuncia por apropiación indebida de unos fondos de la Asociación para la Promoción y la Mejora de los Trabajadores, de la que formaban parte 147 empleados de Primayor, pone en el foco, de nuevo, a la antigua Cárnica Molina como “embrión” o “banco de pruebas” de los EREs fraudulentos. La controvertida juez Alaya parece que no erró el tiro cuando se fijó en la empresa jiennense como el nudo gordiano de un estilo de trincar de lo público. La declaración ante el juez de uno de los acusados de apoderarse de casi 80.000 euros de los fondos del colectivo de parados hay que leerla dos veces para que no bailen los argumentos. La investigación judicial tendrá que aclarar de dónde venía tan sustanciosa bolsa de dinero y si, como mantiene en su relato uno de los trabajadores detenido en febrero, llegaron a cobrar un año más de paro, sin que les correspondiese o que la Junta “pagó” los créditos personales que los trabajadores habían contraído para afrontar sus situaciones personales. Tan graves acusaciones tendrán que ser probadas, pero la búsqueda de la llamada paz social cuando toma atajos es la peor de las consejeras.

En Barcelona, un alcalde, de una antigua formación nacionalista, es capaz de justificar, por ejemplo, que se pague el caro alquiler de una sucursal bancaria a los okupas, con la tasa de basura incluida. Un “todo social” para evitar barricadas. Por mor de la paz social y quíteme de ahí ese pelo. Cuando el que “soluciona” los problemas laborales —en el caso jiennense— acaba convirtiéndose en figura recurrente, se sabe imprescindible. Además tiene en su poder la fórmula infalible que puede “franquiciar” para apagar otros polvorines allí donde requieran sus servicios. Solo así se entiende el ascenso y el poder de resolución alcanzado por Juan Lanzas. En el relato de este extrabajador también sale a colación la capacidad operativa y de mando de otra alma cándida de la historia reciente y corrupta de Andalucía, Javier Guerrero. Una constelación de estrellas en los agujeros de gusano de lo público en la que también sacó tajada Ruiz Mateos, para completar un trío de ases relacionados con la gestión de la caída de Primayor y los baldíos intentos por darle pulso laboral a su plantilla. Entre el pecho descubierto de Juan Lanzas y la corbata y camisa almidonada del fallecido Ruiz Mateos mediaba un abismo social, pero a ambos les unía un pecado, no sé si capital, la codicia y una supuesta virtud, conocer las debilidades humanas y las propias del sistema. Los pecados de la carne.

Sí, es un palabro que quizá le ahuyente de seguir leyendo. Pero me arriesgaré. El concepto: Obsolescencia programada. Es el término productivo que explica cómo en el diseño empresarial se “planifica” el fallo del producto para que el usuario tenga, obligatoriamente, que actualizarlo o, mejor, comprar uno nuevo. Círculo comercial virtuoso para el lucro de la empresa. Mi amigo ingeniero me lo explicó aplicado no solo a la tostadora, sino a la obra pública y, claro, uno que es peliculero ve “Conspiración”, de Mel Gibson, por todos lados. No hace falta que la obra sea faraónica para remendarla con otro cuantioso proyecto de arreglo; una calle levantada tres veces al año también tiene su rédito o unas vacaciones pagadas en la costa. Las posibilidades son ilimitadas si la administración no está en lo que debe estar o si el zorro es el que cuida de las gallinas. En las últimas décadas, al calor de las obras públicas, los zorros no eran, precisamente, una especie en peligro de extinción en la Península Ibérica. En mi paranoia conspirativa veo que algunos sumarios judiciales también encierran, en esos cuantiosos tomos, un mecanismo de autodestrucción para que después de tanto ruido queden en legajo mojado o disueltos en titulares.

No obstante, la actualidad se escribe con renglones torcidos y la judicial, en ocasiones, también. La denuncia por apropiación indebida de unos fondos de la Asociación para la Promoción y la Mejora de los Trabajadores, de la que formaban parte 147 empleados de Primayor, pone en el foco, de nuevo, a la antigua Cárnica Molina como “embrión” o “banco de pruebas” de los EREs fraudulentos. La controvertida juez Alaya parece que no erró el tiro cuando se fijó en la empresa jiennense como el nudo gordiano de un estilo de trincar de lo público. La declaración ante el juez de uno de los acusados de apoderarse de casi 80.000 euros de los fondos del colectivo de parados hay que leerla dos veces para que no bailen los argumentos. La investigación judicial tendrá que aclarar de dónde venía tan sustanciosa bolsa de dinero y si, como mantiene en su relato uno de los trabajadores detenido en febrero, llegaron a cobrar un año más de paro, sin que les correspondiese o que la Junta “pagó” los créditos personales que los trabajadores habían contraído para afrontar sus situaciones personales. Tan graves acusaciones tendrán que ser probadas, pero la búsqueda de la llamada paz social cuando toma atajos es la peor de las consejeras.

En Barcelona, un alcalde, de una antigua formación nacionalista, es capaz de justificar, por ejemplo, que se pague el caro alquiler de una sucursal bancaria a los okupas, con la tasa de basura incluida. Un “todo social” para evitar barricadas. Por mor de la paz social y quíteme de ahí ese pelo. Cuando el que “soluciona” los problemas laborales —en el caso jiennense— acaba convirtiéndose en figura recurrente, se sabe imprescindible. Además tiene en su poder la fórmula infalible que puede “franquiciar” para apagar otros polvorines allí donde requieran sus servicios. Solo así se entiende el ascenso y el poder de resolución alcanzado por Juan Lanzas. En el relato de este extrabajador también sale a colación la capacidad operativa y de mando de otra alma cándida de la historia reciente y corrupta de Andalucía, Javier Guerrero. Una constelación de estrellas en los agujeros de gusano de lo público en la que también sacó tajada Ruiz Mateos, para completar un trío de ases relacionados con la gestión de la caída de Primayor y los baldíos intentos por darle pulso laboral a su plantilla. Entre el pecho descubierto de Juan Lanzas y la corbata y camisa almidonada del fallecido Ruiz Mateos mediaba un abismo social, pero a ambos les unía un pecado, no sé si capital, la codicia y una supuesta virtud, conocer las debilidades humanas y las propias del sistema. Los pecados de la carne.