Las sombras de Guerrero y Lanzas planean sobre el caso “Primayor”

Manuel L. B., acusado de quedarse con 80.000 euros, declara ante el Juzgado

28 may 2016 / 11:15 H.

Tirar de la manta debe ser algo muy parecido a lo que ayer hizo Manuel L. B. ante el juez. El que fuera presidente del comité de empresa de Primayor y, posteriormente, presidente de la Asociación de Exempleados de la cárnica jiennense tenía cita en el Juzgado que lo investiga por embolsarse el dinero de los que fueron sus compañeros (80.000 euros exactamente). Su declaración no defraudó. Y es que más allá de un simple proceso por apropiación indebida, la investigación judicial abierta por el magistrado Antonio Valdivia reaviva los fantasmas que siempre han rodeado a Primayor y la forma en la que se gestionaron las sucesivas crisis de la empresa hasta su cierre. Por el despacho del juez sobrevolaron las sombras de Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, y del “conseguidor” Juan Lanzas, dos de los principales imputados en el escándalo de los EREs fraudulentos.

Fue el propio Manuel L. B. el que puso estos nombres sobre la mesa en una declaración que, cuanto menos, fue sorprendente. Hay que recordar que el magistrado tiene abierta una pieza separada en la que pretende indagar sobre el origen y el destino de los fondos que tenía la Asociación de Exempleados de Primayor. El expresidente de este colectivo fue el primero en ofrecer respuestas a algunas preguntas. Manuel L. B. dijo ante el juez que el origen de ese dinero era público. Explicó en sede judicial que la Asociación gestionó el pago conjunto de las indemnizaciones que debía recibir la plantilla por parte del Fogasa y, posteriormente, repartió las cantidades entre los trabajadores. Eso sí, les descontó los anticipos que ya habían percibido como adelanto por cursos y otros conceptos. Esa diferencia (unos 150.000 euros) se quedó en la cuenta de la asociación, siempre según Manuel L. B., de los cuales él se “apropió” para uso personal de 80.000 euros, como ha reconocido primero ante la Policía y luego en el Juzgado porque “atravesaba problemas económicos”.

Además, el investigado desveló que cada trabajador pidió préstamos personales con una entidad financiera, “para cubrir sus necesidades urgentes”, por valor de tres o cuatro nóminas. Y que esos créditos fueron pagados por la Junta de Andalucía. Esas cantidades se quedaron, igualmente, en la cuenta común del colectivo.

Manuel L. B. también habló de un acuerdo con la agencia Idea para que este organismo pagara la diferencia entre el subsidio de desempleo que percibía cada trabajador y el 90 por ciento del salario. Añadió que, igualmente, cobraban por cursos en los que participaban. Y, por último, soltó una “bomba” más, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales. Declaró que Javier Guerrero les facilitó “una gestión” con el Ministerio de Trabajo para que les pagara “un año más de prestación de desempleo de lo que legalmente estaba previsto”.

En su larga declaración también recordó la figura de Juan Lanzas, actualmente en libertad con cargos con una fianza inicial de 175.000 euros. Sobre Lanzas manifestó que asesoraba al comité de empresa en las reuniones con esas autoridades, pese a que ya no pertenecía a ningún sindicato. Con respecto al origen de este caso, hay que recordar que todo se origina por la denuncia que interpusieron sus propios compañeros contra el presidente de la Asociación para la Promoción y la Mejora de los Trabajadores de Primayor, Manuel L. B, por apropiarse de los relatados 80.000 euros, y contra José Luis C. M., miembro del comité de empresa de Primayor, por presuntamente apropiarse de otros 20.000 euros. Tras desvelarse esta madeja de dinero que va y viene y que los propios extrabajadores destapan, se produce la decisión del juez de abrir una pieza separada para indagar sobre el origen y el destino de los fondos.

Interrogado también ayer en sede judicial, José Luis C. M. negó ante el juez Valdivia que se hubiese apropiado de dinero alguno. Y también fueron interrogados como testigos los denunciantes, el vicepresidente, el tesorero y uno de los vocales de la Asociación, que se ratificaron en la acusación al presidente, Manuel L.B, que posteriormente señaló a José Luis C.M.