Rebajan la pena a las 12 personas acusadas de explotar a trabajadores agrícolas en Jaén

Las 12 personas acusadas en Jaén de formar parte o de beneficiarse de una organización delictiva dedicada a la captación de personas en el Este de Europa para su explotación laboral en trabajos agrícolas han reconocido los hechos, se han declarado culpables y se han conformado con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal, y que suponían una considerable rebaja sobre las que se habían pedido inicialmente. El reconocimiento por parte de Fiscalía de dilaciones indebidas en la tramitación de esta causa, ha llevado al Ministerio Público a rebajar en dos grados las penas inicialmente solicitadas y que iban desde los tres a los diez años de prisión. Con la rebaja aplicada, los 12 acusados, entre ellos seis empresarios agrícolas, se han conformado con penas que van desde los dos años de cárcel para el cabecilla, al año y medio de prisión para cinco integrantes de la red; y seis meses de cárcel para los seis acusados que se beneficiaron del trabajo de los personas explotadas. Uno por uno los 12 acusados han comparecido ante el tribunal que les ha juzgado este martes en la Audiencia de Jaén para declararse culpables y mostrar su conformidad con la condena. Además, de las penas de prisión, todos los acusados deberán hacer frente al pago de una multa de 900 euros y en concepto de responsabilidad civil, indemnizarán conjuntamente a los 21 trabajadores explotados con 1.000 euros para cada uno de ellos.

En el caso del cabecilla de la red y de los otros cinco integrantes juzgados se le condena por favorecer la inmigración ilegal y por un delito contra los derechos de los trabajadores, mientras que a los seis empresarios agrícolas solo se les condena por un delito contra los derechos de los trabajadores. El fiscal encargado del caso, Cristóbal Fábrega, ha indicado en declaraciones a los periodistas, que se ha bajado “notablemente” las peticiones iniciales, “dado el tiempo transcurrido desde los hechos y la paralización que ha habido a lo largo de todo este proceso, que no había manera de celebrarlo” y “al final o se celebraba de esta forma o no se celebraba”. Fábrega ha puesto el acento en que “la justicia que es lenta, no es justicia” y si el procedimiento se hubiera desarrollado en el momento, no hubiera salido “barato” la explotación laboral de las víctimas de este proceso. No obstante, ha señalado que, pese a la rebaja de penas, se ha logrado que los doce procesados reconozcan los hechos y hayan salido con una condena. El escrito del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press indica que los ya condenados junto con otros que no han podido ser localizados, se pusieron de acuerdo para constituir una organización ilegal con el fin de ofrecer trabajadores de nacionalidad moldava a empresarios agrícolas y lo hicieron “desconociendo sus derechos laborales, sin autorización para trabajar a pesar de ser extracomunitarios y sin darles de alta en la Seguridad Social”. La finalidad última era la de “aprovecharse económicamente de tales trabajos agrícolas” y para ello se quedaban “con una parte importante de lo pagado por los empleadores que contrataban a estos trabajadores”. De esta forma, obtenían fraudulentamente una parte del beneficio que conllevaba el trabajo de estas personas, que tenían “unas condiciones salariales precarias” y que percibían “una remuneración bastante inferior a la estipulada por convenio colectivo del sector”. Fiscalía hace constar que las condiciones de transporte a los tajos “eran pésimas, tratando a estas personas como animales a pesar de cobrarles cinco euros por traslado; y facilitándoles unas condiciones de alojamiento indignas”, llegando en algunos casos a dormir en el suelo o en un pasillo. Ahonda más el Ministerio Público al señalar que les retenían los documentos y los salarios, les racionaban la comida, y les instaban, llegado el caso, a dar una identidad falsa a autoridades o agentes de españoles, “amenazando con no darles trabajo o alojamiento y provocando una situación similar a la esclavitud”. Entre los procesados hay empresarios agrícolas que permitieron que los trabajadores extranjeros “explotados” realizaran actividades laborales en fincas de olivar de su propiedad o de terceros, “siendo ellos en todo caso, quienes se lucraban del trabajo sin contrato y sin estar de alta en la seguridad social de tales trabajadores, y con salario inferior al estipulado en el convenio del campo”.