Manuel Fernández valora las medidas económicas y sociales del Gobierno en Jaén
El subdelegado subraya que la afiliación a la Seguridad Social aumenta un doce por ciento en los últimos siete años, lo que supone 26.956 nuevos cotizantes en la provincia
El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha valorado las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez que un año más ha hecho que la afiliación a la Seguridad Social siga creciendo en la provincia, aumentando hasta un doce por ciento en los últimos siete años, lo que supone 26.956 nuevos cotizantes en la provincia jiennense. “Casi 27.000 personas más que en mayo de 2018, y que han podido incorporarse al mercado laboral en nuestra tierra”, ha subrayado. Para el subdelegado, en estos momentos, el mercado laboral en la provincia “es fiel reflejo del éxito de las políticas económicas del Gobierno de España y su comportamiento acompaña el escenario nacional donde la creación de empleo se intensifica y fortalece”. En este sentido ha querido destacar, especialmente, el aumento del empleo femenino, con 15.693 mujeres más trabajando en la provincia jiennense dentro del régimen general de la Seguridad Social, un 27 % más que en mayo de 2018.
De este modo, Manuel Fernández ha señalado que “las políticas progresistas llevadas a cabo durante este periodo han permitido mejorar la situación del empleo en nuestra provincia, y nos anima a seguir trabajando hasta conseguir el objetivo del pleno empleo”. El subdelegado del Gobierno también ha valorado algunas de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar el futuro buscando una sociedad más cohesionada, menos desigual y que crezca de una manera más justa. “Frente a los problemas, este Gobierno progresista busca la solución en las políticas redistributivas y no en los recortes y la precariedad que impulsó o impulsa la derecha y la ultraderecha donde gobierna”. El compromiso con Jaén en cifras también se observa en los cerca de 70.000 personas beneficiadas por el ingreso mínimo vital (92.461 preceptores desde 2020), las 43.700 por el bono social eléctrico o el aumento de las pensiones en nuestra provincia, con una media de 1.255 euros al mes (353 euros más que en 2018). “Son políticas del Gobierno de España centradas en ampliar el Estado del Bienestar y el escudo social”, ha subrayado. Por ello Fernández ha subrayado que “la provincia de Jaén sale ganando y afronta un futuro que no es fruto de la casualidad, sino de una administración que gobierna pensando en las personas, sin descuidar a las empresas”.
Como ejemplo ha recordado el anuncio del abandono de transporte con tarifa plana para garantizar una movilidad asequible para toda la ciudadanía, además de extender las ayudas al transporte. Manuel Fernández ha explicado que la creación de este Abono Único de transportes en todo el país entraría en vigor en la segunda quincena de enero y permitirá a todos los ciudadanos sacarse un abono “con el que viajar por todo el país y coger todos los trenes de media distancia, cercanías y servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes para los adultos y de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años”. La intención es que, a estos medios estatales, se vayan progresivamente adhiriendo “todas las redes de transporte público autonómicas y locales”, facilitando así el acceso asequible al transporte público en todo el país. Por último, se ha referido a otra de las últimas medidas sociales adoptadas “por este Gobierno de progreso”, como los 100€ de ayuda para la compra de gafas o lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años, y que vendrá a aliviar el gasto que han de afrontar las familias”. De esta manera, las ópticas de la provincia de Jaén pueden adherirses al Plan Veo, “iniciativa del Estado que viene a ampliar la cobertura de la sanidad pública, dando mayores servicios para mejorar, en este caso, la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes”. “Esta medida, dotada con un presupuesto total de 48 millones de euros, cumple el doble objetivo de, por una parte, garantizar el bienestar general de las personas menores de edad, lo que está intrínsecamente ligada a su desarrollo educativo y social, a la vez que supone una reducción en el desembolso que las familias de afrontar para proteger la salud visual de sus hijos”, ha explicado el subdelegado.