“La ley contra el fraude nos permite higiene institucional”

—¿Cómo nace la ley contra el fraude y la corrupción?

—Es una iniciativa que Ciudadanos siempre había tenido muy presente. Ya en 2016 se presentó una proposición de ley en la misma línea. Además, en la anterior legislatura, se llegó a un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para crear la oficina contra el fraude y supuso uno de los motivos por el que se rompió el pacto de investidura ya que lo que se intentó hacer por parte de Susana Díaz y su equipo fue una oficina que dependiera de la Consejería de Hacienda y el propio Consultivo confirmó que no era viable esta fórmula. Es por ello que con la creación del nuevo Gobierno, formado por PP y Cs, se vuelve a proponer la iniciativa y desde ese momento comenzamos a trabajar.

—El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante. ¿Qué objetivos persigue esta norma?

—La creación de la oficina contra el fraude y la corrupción tiene como fin investigar aquellos hechos que constituyan fraude, corrupción o conflictos de intereses. Asimismo, se definen estos términos como actuaciones que tengan la intención de engaño, posibles abusos que se puedan cometer desde determinados cargos o el uso de los mismos de una manera parcial. Hay otra parte importante, la cobertura y seguridad que se ofrece a la persona denunciante.

—¿Qué fin persigue Ciudadanos con la creación de la ley?

—Principalmente, higiene institucional. Andalucía ha sido una de las comunidades de España más afectadas por la corrupción en los últimos años y, aunque había un compromiso inicial, la creación de una ley es una fórmula para no quedarse simplemente en la buena intención del Gobierno, sino que exista una herramienta oficial con la que combatir posibles casos de corrupción y fraude.

—¿En qué punto se encuentra la ley en estos momentos?

—La ley ya ha llegado al Parlamento y ha concluido la fase de presentación de enmiendas a la totalidad sin que se presentara ninguna. La oficina se plantea como un órgano de adscripción al Parlamento, por lo que nace como un órgano completamente independiente. Así, el vicepresidente, Juan Marín, se reunió con el resto de grupos para anunciar esta propuesta.

—Esta nueva ley viene a establecer un régimen de protección y lucha contra el fraude y la corrupción en la actuación tanto de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y distintas instituciones andaluzas. ¿Le han presentado ya el proyecto a estos órganos?

—Durante el trámite se da audiencia a todos los organismos. Además, en el ámbito de actuación de la oficina también se van a incluir las universidades públicas y las entidades locales.

—¿Cómo ha sido recibida por el resto de formaciones?

—Creo que hay una buena predisposición por parte de todos los grupos por crear estructuras que acaben con cualquier tipo de conducta ilícita en Andalucía. Además, estamos abiertos a propuestas que puedan enriquecer la ley.

—¿Cómo va a ser el funcionamiento de esta oficina?

—El personal que se adscriba a la oficina debe ser funcionario. Además, contará con un director elegido por el Parlamento por una mayoría cualificada a propuesta de los grupos y entre personas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia en la materia. La duración del cargo será de 5 años no renovables. Además, tendrá al menos dos subdirecciones: una competente en investigación, inspección y régimen sancionador y otra para la protección del denunciante y propuestas de prevención.

—¿Cómo se ha establecido el régimen sancionador?

—La oficina contra el fraude tendrá competencia sancionadora. Se establece la clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves con sanciones que van desde el apercibimiento a multas económicas entre los 300 y los 100.000 euros. Por otro, una novedad es la sanción que contempla la ley de incompatibilidad de altos cargos. Antes la apertura de los expedientes sancionadores se hacía por el propio Consejo de Gobierno y ahora se emplaza en la oficina.

—¿Cómo se ha planteado la protección del supuesto denunciante para que no se vea cohibido en caso de que detecte una actuación ilícita en algunos de los órganos públicos que controlará la ley?

—Cualquier empleado público o personas físicas o jurídicas que hayan tenido relación con la Administración pueden ser denunciantes. En todos los casos se garantiza la confidencialidad y protección de la persona denunciante, que conocerá el estado de tramitación de la investigación y recibirá información. La norma contempla el derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica. Además, en el caso de funcionarios podrán solicitar un traslado provisional a otro puesto del mismo nivel y se le reservará su puesto de origen.

—¿Cuándo creen que entrará en vigor la ley?

—De momento se están cumpliendo los plazos, aunque sufrimos un retraso con la pandemia, pero hay una partida en el presupuesto en el último trimestre del año para que se ponga en marcha la oficina por lo que esperemos que antes de acabar 2021 sea una realidad.