Investigadas tres personas por apropiación indebida de más de 700 perros

La Guardia Civil, en el marco de la operación “Discrepancias”, investiga a tres personas, dos veterinarios colegiados y la responsable de una protectora de animales, como presuntos autores de delitos de falsedad documental, apropiación indebida, maltrato animal, coacciones y amenazas. La investigación se inició al llegar al cuerpo policial supuestas irregularidades en el funcionamiento de una asociación protectora de animales de la provincia. La entidad social estaba siendo objeto de múltiples denuncias por parte de propietarios de perros que acusaban a la responsable de apropiarse indebidamente de sus animales mediante engaños, amenazas y presiones.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes del Seprona constataron que la protectora carecía de la licencia regulatoria de actividad, así como de la autorización y registro como establecimiento de acogida y cuidado de animales. Esto supone una vulneración de la normativa vigente en materia de protección y sanidad animal. También se procedió a la revisión de la documentación de los 51 perros alojados en el recinto, detectándose “graves anomalías en la identificación, vacunación y trazabilidad sanitaria” de los animales, como confirmaron los agentes. Alrededor de 35 de los animales presentes no estaban identificados con microchip, obligatorio por ley. Además, en varios casos se confirmó la existencia de denuncias por pérdida o sustracción presentadas por sus legítimos propietarios.

Los agentes llevaron a cabo un estudio y análisis cruzado de la documentación aportada como pasaportes europeos, cartillas sanitarias y datos del Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), así como Europetnet, la base de datos que identifica a las mascotas con microchip. A partir de este estudio se evidenciaron “graves incongruencias” como vacunas caducadas al momento de ser inyectadas o vacunaciones contra moquillo canino y otras enfermedades que fueron inoculadas antes de que el animal contase con identificación administrativa. También había pasaportes que reflejaban las vacunaciones y tratamientos, pero que no eran registrados oficialmente en RAIA.

Otra anomalía eran las diferencias entre los números de lotes de las vacunas y las fechas de inyección asignadas en registros oficiales. Algunas de las mascotas estudiadas, pese a encontrarse en Francia, continúan en el registro andaluz, mientras otras que fueron trasladadas aparecen en la base de datos europea. Tras la autorización judicial, se procedió a la extracción de muestras de sangre de varios canes, siendo analizadas en el Laboratorio Central de Sanidad Animal. Los resultados confirmaron que algunos animales no estaban vacunados contra la rabia o lo estaban de forma incorrecta, a pesar de que su pasaporte indicase lo contrario. Ello supone el incumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, que regula los derechos de mascotas junto a otros animales.

La investigación permitió constatar a las autoridades policiales que el destino de los perros residentes en las instalaciones de la protectora investigada sería su exportación a Francia. Bajo la apariencia de adopciones legales, los sospechosos utilizaban Traces, un sistema de control veterinario de movimientos intracomunitarios. Las autoridades francesas, en colaboración con las españolas, confirmaron que hasta la fecha se habían realizado, 95 envíos a Francia desde la protectora, acumulando 762 perros transportados. Por cada animal se abonaban cantidades de entre 350 y 400 euros en concepto de tasas de adopción, más un depósito de 500 euros si el animal no estaba esterilizado, lo que habría generado un beneficio de miles de euros.

En la investigación se logró verificar que varios de estos animales habían sido denunciados como desaparecidos en España. Los pasaportes eran expedidos y firmados por dos veterinarios colegiados que, presuntamente, se habrían encargado de alterar documentos oficiales como datos de microchip, vacunaciones, desparasitaciones y titularidad, incumpliendo la normativa española. También habrían gestionado de forma fraudulenta la documentación que el sistema Traces requería para el traslado de los animales a territorio francés. Las evidencias recopiladas por la Guardia Civil concluyen que las actuaciones administrativas y sanitarias realizadas han sido llevadas a cabo de manera negligente o deficiente, al margen de la ley.

Estos hechos, según fuentes policiales, suponen “un grave perjuicio para el bienestar animal, además de representar un grave riesgo para la salud pública por la posible introducción y propagación de enfermedades animales en territorio nacional y comunitario”. Las actuaciones diligentes han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda (Jaén). Los animales han quedado inmovilizados cautelarmente en las instalaciones de la protectora, a disposición de la autoridad judicial competente.