El Ayuntamiento de Jaén recibe más de 460 solicitudes de informes de vulnerabilidad
Este trámite es necesario para aquellas personas que no cumplen el requisito de tener una vinculación laboral o familiar en el país
El Ayuntamiento de Jaén, a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, ha informado de que en 48 horas se han recogido más de 460 solicitudes de informes para personas interesadas en el proceso de regularización migratoria extraordinaria.
La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha señalado que el ritmo de petición de informes de vulnerabilidad, que los ayuntamientos tramitan por normativa, demuestra la buena acogida del proceso. Solo el Patronato de Asuntos Sociales tramita ya el 15% de la previsión de informes a nivel provincial. El informe de vulnerabilidad sirve para aquellas personas que no cumplen el requisito de tener una vinculación laboral o familiar en el país.
La normativa que marca este proceso aclara que las personas solicitantes de protección internacional, quienes puedan acreditar haber trabajado o tener la intención de hacerlo o quienes forman parte de una unidad familiar con menores o con mayores con discapacidad, o ascendentes no tendrán que solicitar el certificado. Para el resto de perfiles, la situación de vulnerabilidad se acredita a través de un certificado que se descarga desde la web de la Regularización. Este debe estar sellado por entidades en materia de asistencia social, especialmente los ayuntamientos, razón por la cual el de Jaén ha registrado esta alta demanda.
La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha aclarado que esta tramitación es solo parte de un proceso minucioso en el que se tiene en cuenta todas las circunstancias de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país y en la capital específicamente, proceso que tiene en cuenta la situación social y laboral de muchas personas”, ha señalado.
Díaz de la Torre aclara que “aquellas personas que optan a este proceso ya tienen una vinculación laboral, educativa, social con la ciudad en la que viven y comparten colegios, centros de trabajo, transporte público y servicios. Este procedimiento contribuye a la cohesión social, combate la economía sumergida y, en el caso de Jaén, la iniciativa tendrá “un impacto especialmente significativo, al favorecer la regularización de trabajadores temporeros que participan en campañas agrícolas, como la recogida de la aceituna, y que en muchos casos se encuentran en situación de vulnerabilidad”, ha añadido.
Requisitos y condiciones
Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que se encontraran en España antes del 1 de enero de 2026. Además, deberán acreditar una permanencia continuada en el país de al menos cinco meses previos a la solicitud, ser mayores de edad, no contar con autorización de residencia o estancia en vigor y carecer de antecedentes penales no cancelables en España.
A estos requisitos se suma la necesidad de cumplir al menos una de las siguientes condiciones: disponer de vínculo laboral (haber trabajado en España o contar con una oferta de empleo de al menos 90 días), acreditar la existencia de unidad familiar (como convivencia con hijos menores o familiares dependientes) o encontrarse en una situación de vulnerabilidad, debidamente acreditada mediante informe de los servicios sociales.
Procedimiento y plazos
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática o presencial a través de los canales habilitados por la Administración, con la posibilidad de contar con el apoyo de profesionales y entidades colaboradoras en materia de extranjería.
Entre la documentación requerida se incluye el pasaporte (incluso caducado), certificado de antecedentes penales del país de origen, acreditación de permanencia en España y un cuestionario sobre la situación formativa y sociolaboral. Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que, desde el momento en que se inicia el trámite, la persona solicitante podrá residir y trabajar provisionalmente, tanto por cuenta ajena como propia, lo que evita situaciones de desprotección.
El plazo máximo de resolución será de tres meses. En caso de concesión, la autorización tendrá una duración inicial de un año, tras el cual podrá solicitarse su renovación o modificación dentro del régimen general de extranjería.