La UCO señala que la trama de hidrocarburos se infiltró en la cúpula de los ministerios de Ábalos, Maroto y Ribera

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado a los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama de hidrocarburos vinculada a Villafuel que investiga la Audiencia Nacional, indicando que no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente. En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO describe “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.

Los investigadores precisan que, “de forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”. La Benemérita no alberga duda de que “la máxima dirección de esta organización criminal” eran Aldama y Rivas, el dueño de Villafuel. “Ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”, afirma. Y asegura que hay “indicios bastantes que apuntan a una posible penetración de la organización criminal en los niveles directivos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO)”. La infiltración se habría vehiculado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con la finalidad de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a la Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos”. “Todo ello a cambio de una contraprestación económica”, subraya.

La UCO establece el inicio de la supuesta trama en diciembre de 2020, cuando por parte del “entorno de la presunta organización criminal” se habría pedido a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, para que Villafuel obtuviera la licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos. Y ello porque Rivas se habría visto obligado a reestructurar el entramado empresarial encabezado por Gaslow tras la detención de “los grupos que conformaron” lo que la UCO define como otra organización criminal dedicada al sector de los hidrocarburos que habría actuado hasta finales de ese año. Esto “fue determinante” para que Rivas “se viera abocado” a idear “una nueva operadora y suministradora que le permitieran reactivar la operativa fraudulenta perdida”.

El Instituto Armado explica que “se trata de un sector cuya regulación y supervisión implica la participación de diversos ministerios y organismos públicos”, entre ellos Transición Ecológica, porque es quien otorga o deniega el inicio de actividad para operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos; e Industria porque “las empresas autorizadas tienen la obligación de remitir periódicamente información sobre precios, descuentos y volúmenes de comercialización”. La dinámica detallado por la UCO refleja que el objetivo de la presunta trama era que Aldama llegara a “un acuerdo” con Ábalos y “su entorno” para que “el ministro ejerciera su influencia en los órganos competentes del MITECO y del MINCOTUR”. De acuerdo con la UCO, el propio Aldama ofreció “sus contactos en el Gobierno” para ayudar a Rivas y sus socios, entre ellos Carmen Pano y su hija Leonor González. Esta última tenía una “relación estrecha de amistad” con el empresario, por lo que fue quien le avisó.

Según recoge el informe, “los contactos iniciales que dieron lugar a las primeras reuniones fueron dinamizados a través de Koldo, quien facilitó las gestiones con Juan Ignacio Díaz Bidart”, entonces director de gabinete de Maroto, del que la UCO dice que “podría haber sido designado por Ábalos para mantener la interlocución institucional con los miembros de la organización criminal”. No obstante, la propia Benemérita cree que se debió a una equivocación, “al atribuir erróneamente al citado Ministerio la competencia sobre la gestión que requerían”. La Guardia Civil asegura que esta circunstancia quedó “evidenciada” en un mensaje de WhatsApp que Aldama envió a González tras “la primera reunión”. “Anda que decirme que era Industria y luego ser Energía. Menos mal que el padrino manda”, dijo, en lo que la UCO entiende como una alusión a Ábalos.

La Guardia Civil recoge una “reunión informal” a las 21:00 en el restaurante madrileño ‘La Tragantía’, “al menos”, entre Díaz Bidart, Aldama, el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, y “una cuarta persona cuya identidad se desconoce”. La “primera reunión” oficial con Industria se produjo poco después, ese 28 de diciembre. “Me ha llamado mi madre para contarme la reunión de hoy con Industria. Está todo hecho, que no nos preocupemos por los permisos, que está ya hecho”, escribió la hija de Pano a su entonces pareja, Natán González. De ello, la UCO deduce que “finalizó de modo bastante satisfactoria para los intereses de la organización criminal”, que asegura que “era plenamente consciente de que no cumplían” los requisitos legales. El Instituto Armado plasma que “el principal obstáculo que la organización criminal pretendía sortear” era la obligación de disponer de los tres millones de euros que necesitaban acreditar ante el MITECO.

Los agentes también recalcan que Koldo contactó con Marc Pons, director de gabinete de Ribera, durante la tramitación del expediente de Villafuel, y tras diversos requerimientos para subsanar “las deficiencias advertidas”. La UCO sostiene que el 8 de abril de 2021 Koldo reenvió a Pons una imagen con los datos de registro de la documentación sobre Villafuel. Dicha fotografía se la había reenviado Aldama a Koldo dos días antes, cuando ambos mantuvieron una reunión en el Ministerio junto a Rivas para “tratar temas relacionados con la validación del contenido de la declaración responsable que otorgar a la autorización de operador mayorista de hidrocarburos a Villafuel”. Los agentes aseguran que el hecho de que Koldo le enviara la imagen a Pons, “sin que mediara comentario alguno, sugiere que dicho envío obedeció al resultado de una conversación previamente sostenida entre ambos”.

Según la Guardia Civil, el 8 de julio de ese año Koldo volvió a contactar con Pons para solicitar una reunión para entregarle unos documentos relacionados con una solicitud. El Instituto Armado ve “llamativa” esta reunión al considerar que no parecía necesario el encuentro para recibir “papeles” porque ya sabía de la existencia del expediente y tenía “capacidad para disponer y tener acceso al mismo por los cauces ordinarios de su Ministerio”. Dos días después, Ábalos fue cesado como ministro de Transportes.