Setenta y cinco expedientes abiertos por acoso escolar en 2024, pero ninguno en Sevilla

La memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía incoó en el ejercicio 2024 un total de 75 expedientes de reforma —procedimiento penal que se inicia cuando un menor de entre 14 y 18 años comete un presunto delito— por acoso escolar. De estos 75 expedientes, en Málaga se concentran 62, seguidos de los seis de Cádiz, cuatro de Jaén y tres en Huelva. No consta ningún caso en la provincia de Sevilla donde el pasado 15 de octubre una joven —alumna del colegio concertado las Irlandesas Loreto que había denunciado en el centro que era víctima de bulling— presuntamente se suicidó. En la memoria consultada por Europa Press se señala que “todas las secciones de menores vienen a indicar, como se reitera memoria tras memoria, que la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial”. En el balance de la actividad desplegada por la Fiscalía Superior de Andalucía en 2023, la institución judicial llamaba la atención sobre “la preocupación por este tema”.

Sobre el último caso de Sevilla, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado esta semana de que el colegio Irlandesas Loreto no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, apostillaba que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo con los consiguientes requerimientos para depurar las posibles responsabilidades. En relación con las medidas que despliega la Junta ante este tipo de conductas, la Administración defendía también estos días la “eficacia de los protocolos”. De hecho, la Consejería registró 2.700 activaciones del protocolo de acoso escolar en el sistema público Séneca en el curso 2022/2023, de las cuales medio millar finalmente se confirmó como acoso.

El citado protocolo recoge que “cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna, tiene la obligación de comunicarlo a un profesor o profesora, al tutor o tutora, a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, a un miembro del equipo directivo”.

Tras esta comunicación, “se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora de los alumnos o alumnas afectados y la persona o personas responsables de la orientación en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda”. La realización de esta reunión deberá registrarse “por escrito”, especificando la información recogida y las actuaciones acordadas. “En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación”, apostilla el documento.

En caso de estimarse “necesario”, se adoptarán las “medidas de urgencia que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones”, establece el protocolo. Medidas que “garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas específicas de apoyo y ayuda; y medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador”. Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado ya la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla. La Defensoría ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. “Los protocolos tienen que funcionar”, ha remarcado.