“Valles Verdes” lamenta el perjuicio a los regantes

En octubre de 2013, la Plataforma Valles Verdes, integrada por Ecologistas en Acción y otros colectivos de defensa del medio ambiente, cantó victoria: la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) prohibió de forma temporal la explotación para riego de olivar de las aguas subterráneas del paraje El Maguillo, que se halla dentro del término municipal de Beas de Segura y en los límites del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En 2007 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente concedió el permiso para captar agua de los manantiales del paraje. En concreto, 450 millones de litros al año. Para la citada plataforma, sin embargo, aquello vulneraba las normas medioambientales comunitarias en el Parque Natural, por lo que se procedió a denunciar la situación en 2008 ante la Fiscalía de Jaén, el Ayuntamiento de Beas, la Junta de Andalucía, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el Defensor del Pueblo, el Parlamento Europeo y la Unesco.

En 2013 se consiguió que el Organismo de Cuenca redujera el límite de cantidad extraíble hasta los 105,9 litros al año y poco después prohibió la extracción temporal. Desde Valles Verdes mostraron entonces su satisfacción, si bien los integrantes de la plataforma, desde ese momento, han sido conscientes de que en esta batalla, como en cualquier otra, además de vencedores y vencidos, hay terceros que sufren daños colaterales. Ese papel le ha tocado jugarlo a la Comunidad de Regantes de Beas de Segura. En 2015 presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para pedir una indemnización, de en torno a 1,26 millones de euros, por los gastos derivados de no poder hacer uso de tales sondeos. El caso pasó a la Audiencia Nacional, que recientemente ha negado ese derecho a los regantes. A ello hay que sumar que han de hacerse cargo de las costas de todo este proceso.

“Lo sentimos mucho por ellos, no podemos estar contentos y es lamentable que los regantes de Beas sufran perjuicios por esta situación”, aseguran desde Valles Verdes a este periódico. La plataforma indica que, dadas las tensiones surgidas en el pasado entre ecologistas y regantes a raíz de esta batalla legal —cabe destacar que muchos de los primeros son paisanos y vecinos de los segundos—, sus miembros siempre han tratado de “mantener un perfil discreto”, puesto que eran conscientes de que los agricultores eran los que más tenían que perder en este caso. “Lo primero que se nos ha venido a la mente tras esta decisión de la Audiencia Nacional son los regantes, que ahora se quedan tirados”, afirman desde Valles Verdes. De hecho, aclaran que, si bien sí que se muestran contentos por haber conseguido su objetivo, “siempre hemos intentado no descorchar la botella de champán sabiendo que estas personas podían salir tan perjudicadas”, y se muestran comprensivos: “Es normal que el regante de a pie no pueda entender nunca que le quiten el permiso”.

En este sentido, la plataforma asegura que el desenlace de esta historia “ha sido inusual”: “Las administraciones tienen mucho más poder que las plataformas ecologistas, y estas batallas suelen ganarlas, pero Valles Verdes ha tenido un asesoramiento jurídico y técnico de muy alto nivel”. De hecho, desde la plataforma llaman la atención sobre “la gran cantidad de sondeos ilegales” existentes en la provincia que no se cierran “porque el poder político es el que tiene el dinero y permite barbaridades ambientales”.