Un total de 63 ayuntamientos y la Diputación podrían invertir 42 millones de sus remanentes
El Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales para hacer frente a la recuperación tras las consecuencias del covid-19, posibilita que 63 ayuntamientos de Jaén y la Diputación Provincial puedan invertir más de 42 millones de euros procedentes de su remanentes de tesorería en caso de que se adhieran a ese acuerdo voluntario.
Así lo ha destacado este lunes la subdelegada del Gobierno, Catalina Madueño, quien ha puesto de manifiesto la importancia de estas medidas para responder una de las reclamaciones históricas de los municipios. Al hilo, ha señalado que el Ejecutivo central “ofrece ahora la posibilidad de salvar los obstáculos que las entidades locales encontraban en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para gastar sus remanentes de tesorería”.
“El verdadero ataque a la autonomía local se produjo hace ocho años, con la aprobación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Ahora, si sale adelante el decreto impulsado por el Gobierno de España, los ayuntamientos podrán aumentar sus ingresos y, con ello, su capacidad de gasto, respetando la normativa vigente y permitiendo ofrecer a la ciudadanía servicios públicos de mayor calidad”, ha asegurado en una nota.
El Real Decreto-ley 27/2020, que está a la espera de su convalidación en el Congreso de los Diputados, establece que los ayuntamientos podrán destinar sus remanentes de tesorería a políticas de cuidados, movilidad sostenible, vivienda o cultura siempre que cedan voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería.
“La adhesión a este acuerdo es de carácter voluntario para las entidades locales. El Estado asume el déficit de los ayuntamientos para que estos puedan invertir su remanente de tesorería sin la aplicación de la regla de gasto”, ha explicado Madueño.
A continuación, el Estado realizará un ingreso no financiero a las entidades locales participantes. El importe de dicho ingreso supondrá para cada municipio, como mínimo, el 35 por ciento de los fondos aportados al préstamo a la Administración Central, y se incrementará hasta totalizar un importe de 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes”.
Según ha aclarado, los ayuntamientos recibirán la devolución íntegra de sus remanentes y, además, contarán con la movilización adicional de 5.000 millones repartida en los ejercicios 2020 y 2021. Las transferencias realizadas por el Estado se imputarán como un ingreso no financiero para los ayuntamientos, lo que les permitirá incrementar su gasto sin incurrir en déficit. “Es decir, el Gobierno asume la responsabilidad y el coste del incremento presupuestario municipal para asentar la recuperación social y económica”, ha apostillado.
En el caso de la provincia de Jaén, 63 ayuntamientos y la Diputación presentan remanentes de tesorería, según los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, por lo que se podrían acoger a este acuerdo. En caso de hacerlo, podrían recibir un importe total de 42 millones de euros.
Estos fondos “están abiertos a muchas posibilidades”, como aumentar los servicios y programas para las personas mayores, dependientes o con discapacidad; reforzar el sistema de ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia; mejorar los servicios de atención para víctimas de violencia de género o construir y mejorar las escuelas infantiles entre cero y tres años.
También se pueden destinar a cuestiones como incrementar la vivienda en alquiler a precios asequibles; fomentar la movilidad sostenible con la construcción de carriles bici, desarrollar acciones en zonas de protección medioambiental o aprobar políticas de apoyo a la promoción cultural.
La subdelegada ha resaltado que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado un apoyo constante a los ayuntamientos”, sobre todo para afrontar las consecuencias de la pandemia y de la crisis sanitaria, con el consecuente parón de la actividad y de la caída de ingresos.