Un juez avala el precinto de la orujera de Baeza otra vez más

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén, en un auto del pasado 27 de julio, al que tuvo acceso este periódico, echa por tierra de forma definitiva el nuevo recurso que interpuso Oleícola Jaén S. A., la propietaria de la “controvertida” orujera de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, contra la decisión municipal de precintar parte de las instalaciones, al no contar con licencia. Se trata de unos hechos que se remontan al 17 de septiembre de 2015, y afectan, entre otros elementos de la fábrica, al troje, la balsa donde se almacena el alperujo.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó ya la legalidad de la clausura de parte de las instalaciones de Oleícola Jaén, en un fallo que no admitía recurso. La Justicia consideró que cada una de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento baezano están ajustadas a derecho y ampara y reafirma el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales. También lo hizo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén. Aun así, según fuentes del caso, la empresa, posteriormente, llevó de nuevo el asunto a los tribunales, con el pretexto de que la Administración local se “había extralimitado” al impedir la utilización de elementos de la industria, algunos claves, como son el troje y una nave de almacenamiento. Además, como recuerda en el auto, el juzgador Jesús Romero Román, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, fue recusado por la “dirección técnica de la mercantil demandante”, como parte de esta nueva estrategia. Esta solicitud de cambiar de juez fue resuelta, el 14 de marzo de 2016, al quedar desestimada la recusación. Además, se le impuso a la firma demandante las costas de este proceso paralelo y también una multa de 1.000 euros, al considerar que había “mala fe” en esta acción contra su señoría. Este, en un primer auto dictado en abril de 2016, ya consideraba que, al poner en duda, otra vez, los precintos municipales avalados por sentencias contra las que no cabe recurso, la compañía solo pretende “demorar una vez más la ejecución de resoluciones judiciales firmes”.

Contra esta decisión, el magistrado dio la posibilidad de presentar un recurso de apelación. Se da la circunstancia de que, en esta resolución, se coló un error material, al hacer alusión a la capacidad de la balsa ya que, en lugar de referirse a que puede cargar 9.000 toneladas de alperujo, se habló de 900. Ello obligó a un nuevo auto, el 29 de abril de este año, que corrigió la errata, paso previo al auto definitivo, contra el que no se presentó recurso. La resolución fue enviada tanto a la empresa como al Ayuntamiento, para que tengan constancia de ella. Paralelamente, hay abiertas dos causas penales contra responsables de la empresa baezana, ya que, como explicaron fuentes del proceso, en otras tantas ocasiones, “violentaron los precintos” que impedían el uso de parte de las instalaciones, por lo que incurren en presunto delito de desobediencia de una decisión judicial. Con este nuevo auto, el Ayuntamiento puede, de nuevo, entrar en la fábrica para su clausura parcial.