Secuelas de la polémica con el ya exsecretario de Espeluy

Corrieron ríos de tinta por las movilizaciones vecinales y las desavenencias llegaron a los tribunales —donde todavía hoy están—. Los problemas de Espeluy con el secretario de su Ayuntamiento salieron a la luz en octubre de 2014. Clamaban contra la “paralización administrativa del departamento de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento” debida, a juicio de los vecinos, al funcionario responsable. A la recogida de firmas para que abandonara su puesto o fuera revocado, acompañaron pintadas, concentraciones ante el Ayuntamiento, otra en la capital y hasta un encierro de mes y medio en la primavera de 2015. El funcionario, por su parte, denunció acoso laboral. Son solo algunos de los hitos más destacados de un conflicto que rompió la habitual calma convivencia de este municipio de menos de 700 habitantes de La Campiña.

Pero hoy, tres años después, no han vuelto las aguas a su cauce en Espeluy, a pesar de que el funcionario ya no ejerce en el Ayuntamiento. Fue el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía el que anunció, a través de un comunicado, que ha instado al Ayuntamiento a facilitar información relativa a la adjudicación de unos contratos de los años 2015 y 2016, como resultado de la reclamación interpuesta por un ciudadano ante la autoridad de control, resolución que se basa en las exigencias que fija la Ley de Transparencia Pública en materia de contratación pública”. Este ciudadano, como se menciona en la resolución íntegra del Consejo y fue confirmado por este periódico, es el exsecretario de Espeluy. Tal y como se recoge en los antecedentes, solicitó información referente a los contratos adjudicados por el Ayuntamiento a una profesional concreta. La resolución de Alcaldía en respuesta a su requerimiento, fechada en abril de 2017, solicitaba que “aportara por escrito consentimiento expreso de la afectada/adjudicataria....a los fines por él interesados”. Esta decisión la fundamentaba el Ayuntamiento en que la información podría contener datos identificativos o de carácter personal de la adjudicataria.

Como respuesta, el exsecretario presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia con su desacuerdo por no ajustarse a la Ley. Ya en junio de 2017, el Ayuntamiento presenta alegaciones en las que informa de que “existe una causa penal iniciada previa denuncia del ahora reclamante —secretario del Ayuntamiento hasta el 11 de mayo de 2017— contra el exalcalde de la Corporación y en la que ha intervenido como testigo la adjudicataria”. Estas alegaciones concluyen que el interesado no informó de la causa que motiva su solicitud, ni la finalidad de la información y, previo informe del secretario accidental, se decidió proteger los intereses de la adjudicataria. Además, recuerda que la solicitud no había sido denegada, solo se solicitaba el “expreso consentimiento” de la profesional.

La resolución del Consejo de Transparencia, fechada el 17 de enero, rechaza “categóricamente” la decisión de vincular la concesión de la información a la previa aportación del consentimiento de la afectada” y que la falta de motivación de la solicitud y la finalidad “son circunstancias que en modo alguno pueden justificar una resolución denegatoria”. De esta forma, concluye que el Ayuntamiento “ha de ofrecer al reclamante la información relativa a los contratos adjudicados en los años 2015 y 2016, información que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia debe estar asimismo disponible en su página web o sede electrónica”. Asimismo, el Consejo recuerda que las obligaciones de transparencia de información en los contratos públicos tienen una especial relevancia. Primero, porque representa un gasto de fondos públicos, y segundo, porque deben enmarcase bajo los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, libertad de acceso a las licitaciones y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.