Revuelo ante la situación de una cooperativa villanovense

La cooperativa oleícola San Francisco de Villanueva del Arzobispo vive una situación extraña y poco habitual. La cuestión de fondo es que un juzgado de lo Mercantil de Jaén dictó una medida cautelar que frenaba la celebración de una asamblea, prevista para el 30 de julio. En la reunión iba a ser elegido un equipo directivo que tomara el relevo de la gestora que se hizo cargo de la empresa tras la destitución de los anteriores responsables, a los que se reprochan supuestas irregularidades y anomalías. De hecho, la base es la acción de responsabilidad presentada contra los ya exdirigentes. Lo ocurrido genera gran revuelo en el municipio, sobre todo entre los socios.

Ante estos hechos, las versiones son contrapuestas. Francisco Gó- mez, quien fue presidente entre 2014 y su destitución, el 24 de junio, junto con el resto de su equipo asegura que no se le permitió la presentación de las cuentas. Asevera que no hay anomalía alguna, que no falta dinero y que lo ocurrido es un abuso contra ellos, por lo que decidió pedir amparo judicial en tanto su resuelve la acción de irregularidad. Denuncia que “una serie de socios” calentaron el ambiente. Gómez asegura que todas las dudas pueden resolverse, como se recoge en los informes de auditoría. Dolo admite dos errores en las cuentas que se subsanaron.

Luis Fernando Salido, como abogado de San Francisco, detalla que se formalizó la oposición contra el acto judicial, dictado “sin escuchar a la cooperativa”. Si se tiene tal iniciativa contra la resolución que paralizó las elecciones y, por tanto, se levanta la medida cautelar, asegura que procederá la imposición a los solicitantes del pago de las costas y de los daños y perjuicios generados. En su opinión, la suspensión de la asamblea en la que iba a votarse el futuro consejo rector deja a la sociedad queda en una situación de “acefalia”. Por otro lado, Salido asegura que los anteriores responsables querían aprobar las cuentas anuales con oposición del comité técnico, que vela por la legalidad. Agrega que los órganos sociales contra los que se dirige la acción de responsabilidad quedan suspendidos hasta que una sentencia dirima el asunto.

UN “LIMBO” EN LA GESTIÓN

María Fuensanta Arroyo, uno de los tres miembros de la gestora, dice que la situación actual es un “limbo”, de manera que ellos y el personal viven con inseguridad ya que es una situación inédita. Niega que, como dice, Francisco Gómez dos de ellos hayan dimitido. De hecho, en la terna hay un socio que está dispuesto a asumir la presidencia. Arroyo indica que el número de socios supera los mil, pero que se produjeron bajas durante el mandato de Gómez.

“ENTRARON A SACO Y NO DEJARON HABLAR”

El expresidente asegura que en la asamblea en que fue destituido no se les permitió a él y su equipo dar explicaciones, para lo que se recurrió a “gritos”. “Entraron a saco y no dejaron hablar”, dice. Incluso asegura que un socio forcejeó con él. Desde la gestora se niega totalmente este último extremo y el resto de expresiones de Francisco Gómez sobre la citada reunión.