Protección de Menores decidirá
Continúa la investigación del caso de los cuatro niños expulsados de un colegio por una supuesta violación
El municipio está conmocionado. Los vecinos de un pequeño pueblo de la comarca de Cazorla no salen de su asombro por el revuelo mediático ocasionado ante un caso que tiene horrorizado todo el país. La expulsión de cuatro menores de un colegio por su supuesta implicación en la violación de un compañero de tan solo 9 años se convierte en una de las noticias con mayor “tirón” en los medios de comunicación. “La verdad es que ya no sabemos qué hacer para parar esto, porque todavía no conocemos exactamente lo que ha pasado y, sin embargo, la que hay montada no es normal”, comenta el alcalde, a quien este periódico mantiene en el anonimato por la Ley de Menores.
La investigación sigue su curso. La delegada de Educación, Yolanda Caballero, asegura que todavía no hay novedades sobre un asunto que ocupa y preocupa a la Administración andaluza. El servicio de Inspección trata de averiguar qué pasó exactamente, porque, según la propia Consejería de Educación, el suceso se produjo, al parecer, en horario escolar y dentro del centro educativo. Fuentes policiales consultadas por este periódico aportan un dato que el presunto agredido contó a los profesionales sanitarios que lo atendieron en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda: la supuesta violación se produjo en los lavabos del colegio. Es más, dijo que no era la primera vez que le sucedía.
La consejera, Sonia Gaya, señala que desde el ámbito educativo se actuará conforme a las directrices que dé la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. A preguntas de los periodistas en Granada, explicó que, una vez que la Fiscalía de Menores archivó el caso por ser los presuntos agresores menores de 14 años y, por lo tanto inimputables judicialmente, se trabajará conjuntamente desde las consejerías competentes, cada una en su ámbito de acción.
El asunto pasará a Protección de Menores y al Servicio de Atención a las Víctimas y, desde el punto de vista educativo, también se tomarán las medidas que se consideren oportunas. La consejera hace hincapié en que los presuntos agresores están expulsados cautelarmente, pues, entre otras cuestiones, se intenta proteger al menor agredido, que “tiene derecho a volver a clase cuando lo estime oportuno”. Por el momento, según las fuentes consultadas, sigue en casa e, incluso, la familia no se atreve a salir del municipio, fundamentalmente por la presencia de medios de comunicación nacionales en el entorno de su vivienda. De esta forma, desde la Junta de Andalucía señalan que cuando desde los servicios sociales y Protección del Menor se vayan dando las directrices oportunas “se irá modificando esta actuación o iniciando las que sean pertinentes”, según declaró Sonia Gaya.
La Fiscalía de Menores archivó el caso después de constatar que por la edad no se puede exigir responsabilidad a los cuatro presuntos agresores y, por lo tanto, no pueden ser juzgados ni tampoco aplicar sobre ellos medidas de índole judicial. De esta forma, será la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como entidad competente en protección de menores la que decida sobre su futuro y sobre las medidas que se tengan que poner en marcha.
El alcalde del municipio en el que sucedieron los hechos hace un llamamiento a la tranquilidad y recuerda que los presuntamente implicados en “algo que todavía no está probado” son niños, por lo que tienen derecho a tener garantizado el anonimato. Apunta que se trata de familias que residen en el pueblo desde hace muchos años y que al ser una localidad con apenas 1.500 habitantes, todos se conocen entre sí y, con casos como estos, es más difícil la convivencia. El regreso a la tranquilidad se presagia complicado.
La Ley de Protección jurídica de menores (Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero) establece que los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho comprende la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. Diario JAÉN obvia, en este sentido, en sus informaciones tanto el municipio como el nombre del colegio.
La misma legislación establece que está justificada la difusión de información veraz y de interés público pese a que afecte a un menor y aunque sea contraria a sus intereses siempre que se empleen los medios precisos para garantizar su anonimato. En este sentido, el derecho a la información puede preservarse con la adopción de las cautelas, como no aportar datos periféricos que puedan llevar a su identificación.