Porcuna se queja al Defensor de la “sinrazón” de su depuradora

No tener una depuradora le cuesta al Ayuntamiento de Porcuna dinero, aproximadamente, unos 80.000 euros al año, la cantidad que paga en concepto de sanciones que le impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por realizar vertidos. ¿Qué puede hacer un Ayuntamiento como este, que presta servicio a unos 6.567 vecinos, con este dinero? “Por ejemplo, contratos temporales a unos ochenta porcunenses o arreglar una calle”, responde el alcalde, Miguel Moreno, del PP. Y, aunque para él es grave lo que pone de manifiesto, lo más sangrante para este regidor es la “sinrazón” que hay detrás de la ausencia de la estación de tratamiento de agua. El relato de lo que ocurre se dirige, contenido en una carta certificada, a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, en Sevilla. En 2005, la Junta, aclara el máximo responsable municipal, brindó a la Administración local de Porcuna, como a otras muchas en Andalucía, la posibilidad de construir una estación de tratamiento de aguas residuales. A cambio, los responsables locales tenían que sufragar el coste de los terrenos. Dos años más tarde, el suelo estaba disponible, pero, casi una década después, todavía no hay depuradora.

El Gobierno local no está solo en su indignación, lo que demuestra la moción del pleno, aprobada por unanimidad, es decir, por el PP, el PSOE y el PA, que convierte la denuncia en institucional. “Ante tal situación y agotados todos los intentos de diálogo y gestión política para desbloquearla con responsables de todas las administraciones intervinientes, me veo obligado (el alcalde) a proponer la elevación de una queja ante la máxima institución de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, que es el Defensor del Pueblo Andaluz, con arreglo a lo establecido en la Ley 9/1983, que puede supervisar la actividad de la Administración autonómica”, reza el documento. Y es que, como critican en Porcuna, no es solo que la Junta no haya ejecutado el proyecto, sino que tampoco hace por dónde para evitar las sanciones con las que penaliza la Confederación Hidrográfica a los ciudadanos por un problema del que no son culpables. El máximo responsable municipal siente que su municipio está discriminado con respecto a otros, sobre todo, al recordar que, en 2010, el Consejo de Gobierno declaró las obras de interés general. Además, lamenta que de nada sirvió el dinero de las arcas municipales invertido en la compra de los terrenos dónde está prevista la depuradora, en el paraje de Puente de Cañete; una cantidad de la que, como recuerda, sí se hizo cargo la Junta en otros casos.

El delegado de Medio Ambiente en Jaén, Juan Eugenio Ortega, considera que lo que ocurre en Porcuna no es demasiado extraordinario, ya que es un caso idéntico al de Torredonjimeno, entre otros municipios. El porqué del retraso solo se debe a los trámites que hay que completar, como disponer los fondos necesarios y contar con la Autorización Ambiental Unificada, necesaria en este caso y que, según el representante del Ejecutivo regional, está, precisamente, bastante avanzada ya. Ortega recuerda que ya se depura el agua del 73,12% de los jiennenses y que, en breve, con la inminente entrada en servicio de nuevas estaciones, se elevará al 82. El caso de Porcuna está dentro de un paquete, junto a una veintena de proyectos, que se encuentra las puertas de la fase de licitación. El compromiso de la Consejería de Medio Ambiente es acometer el grueso de las obras necesarias en la provincia, medio centenar aproximadamente, de aquí a 2019. Mientras llega ese momento, como juzga el alcalde porcunense, es probable que sean más los regidores que, hartos de las multas, se sumen a iniciativas como la de su pueblo.