Polémica por la supresión de la Policía Local en Jabalquinto

El último pleno de Jabalquinto acordó, con el apoyo de los nueve ediles del equipo de Gobierno de independientes y en contra de los dos ediles del PSOE, la supresión del cuerpo de la Policía Local en el municipio “por necesidades funcionales y organizativas”. Actualmente hay abierto un periodo de alegaciones.

La secretaria y portavoz socialista, Salvi Ortega, asegura que la situación no le parece “normal” y expresa su frontal oposición. Cree paradójico que se hayan instalado cámaras de seguridad, “empezando la casa por el tejado”, pues dice que primero se pusieron y luego se pide el permiso. Opina que los agentes son necesarios y niega, en relación con la convocatoria de dos plazas de “vigilantes”, que su grupo no quiera que se cree empleo en el pueblo. En esta línea, dice que las personas que se contraten no tendrán competencias en seguridad y tráfico. Sospecha que las nuevas incorporaciones pueden ser “a dedo” y destaca la posible merma en la seguridad y un posible repunte de infracciones al volante por la ausencia del cuerpo. La concejal teme que la situación pueda derivar en una “ciudad sin ley”.

El alcalde, Pedro López Lérida, de Unión Democrática de Jabalquinto (UDJ) sale al paso de las críticas. Ante todo deja claro que, conforme a la normativa, tener Policía Local no es obligatorio en municipios con menos de 5.000 habitantes. Indica que, en la práctica, no hay agentes desde hace tiempo, pues los que prestaban servicio se marcharon. Se contaba, hasta hace unos meses, con un auxiliar de Policía Local que pasó a segunda actividad. El máximo responsable del Ayuntamiento mantiene que la seguridad está garantizada. López precisa que la supresión de la Policía Local era obligatoria para la convocatoria de las dos plazas de auxiliar, que se formalizará próximamente. Deja patente que será un proceso abierto a cualquier persona que cumpla con los requisitos estipulados en las bases del concurso-oposición. También apunta que hasta ahora no ha habido alegaciones por parte de los vecinos a la decisión del Ayuntamiento.

Sobre el tráfico, manifiesta que no es muy abundante y que la Guardia Civil —que sigue presente en el municipio— tiene competencia para multar, aunque las sanciones no suelen resultar relevantes.

En opinión de Pedro López, se trata de un toque de atención sobre la situación de los municipios pequeños. Considera que existe “un vacío en la normativa” que impide que los pueblos menores puedan fijar a los policías locales que aprueban los procesos de selección, pues suele ser gente joven que desea, de manera legítima, promocionar y se trasladar a otros lugares con más población para gozar de mejores condiciones económicas. En opinión del político de la UDJ “instancias más amplias” deben garantizar que los municipios pequeños dispongan de componentes del cuerpo de manera estable y con arreglo a sus posibilidades presupuestarias. De hecho, apunta que la ausencia de la Policía en Jabalquinto es ajena a su deseo.