Polémica en Mengíbar a causa de las edificaciones irregulares

Un asunto espinoso. La presencia de decenas de edificaciones con supuestas irregularidades urbanísticas en los alrededores de Mengíbar marca la política local. En este sentido, Gil Beltrán, exalcalde y portavoz de Plataforma Independiente de Mengíbar (PLIM) aseguró que propondrá, con el PP, la celebración de un pleno extraordinario y monográfico sobre la situación.

Según explica en la última sesión, celebrada días atrás, quedó sobre la mesa un punto sobre la plaza de técnico de Urbanismo. “No contamos con un arquitecto, como el municipio requiere”, opina. El otro, dice, versaba sobre las construcciones irregulares. Beltrán habla de una situación con muchos expedientes y levantamiento de actas por construcciones “que no están legales”, por parte de la Policía Local y el Seprona. Destaca la existencia de informes eran desfavorables para esa plaza y otra de técnico de contabilidad. En opinión de Beltrán, el Gobierno local pretendía modificar la relación de puestos de trabajo y hacer un contratación a un responsable accidental, que no sería habilitado nacional. Añade que ante los reparos expresados por la secretaria se desistió ante la posibilidad de una “posible prevaricación” si se aprobaba.

Por otro lado, continúa Gil Beltrán, se debatió una moción del PSOE para revisar de oficio parte de las normas subsidiarias, en lo que refiere al problema con distancia al casco urbano de construcciones. Señala que esta medida, en la que se pediría dictamen al Consejo Consultivo, “no tiene sentido”. Para el líder de PLIM lo razonable sería dar el tiempo necesario para emitir un informe hecho por profesionales sobre situaciones que, en ocasiones, “son en ocasiones susceptibles de legalizar”, mientras que en otros casos existen prescripciones o caducidad del expediente e incluso la posibilidad de incluir las edificaciones al resto al PGOU en proceso de redacción. Cree que de esta manera se demolerían las menos construcciones posibles que vulneran el límite de cuatrocientos metros del casco urbano para erigir inmuebles en suelo rústico protegido.

Beltrán carga contra el actual alcalde, el socialista Juan Bravo. “Poco menos que me echa la culpa a mí. Solo falta que me eche la culpa de la muerte de Manolete”, indica. Admite que él, Bravo y otro alcalde están llamados a declarar. A su juicio, el actual Gobierno local “ha llamado a la puerta de la Fiscalía y ha abierto la caja de Pandora”. Le atribuye falta de voluntad política para solucionar las incidencias de muchas de las edificaciones. “Vienen a decir que van a meternos a todos en la cárcel”, opina. En cuanto a la petición del pleno extraordinario, el edil opositor se muestra convencido de que el PP estará de acuerdo, lo que, por la cantidad de ediles, pese a la mayoría absoluta, obligaría a la convocatoria en días de la sesión.