La quema de papeles en una cooperativa se queda en nada

Tomás Carrascosa tuvo que dimitir ante las dimensiones del caso. Él estaba seguro de que tenía razón en su defensa y, sin embargo, optó por apartarse por lo “desagradable” de la situación y las “malas artes” que, a su entender, utilizaron los socios denunciantes. Era el presidente de la Cooperativa aceitera San Francisco, de Villanueva del Arzobispo, que el año pasado fue noticia por la quema de papeles en grandes cantidades y por acusaciones tales como, por ejemplo, percibir retribuciones económicas sin ser aprobadas por asamblea, u ocultar información a la misma. Carrascosa no se fue solo. Se marchó junto con el secretario, tesorero y un vocal.

Ahora, un juez ha decidido desestimar la causa y archivar el caso por entender que no existen indicios de delitos penales y que los papeles quemados no eran de relevancia. Los hechos se remontan a principios del año pasado. La sociedad, con cerca de mil socios, vivía en medio de un ambiente convulso. Una crispación que aumentó de forma considerable el pasado 24 de mayo de 2014, cuando la Guardia Civil acudió a las instalaciones de la aceitera por un problema de orden público. Un nutrido grupo de socios se personó en las dependencias después de percatarse de que había una “quema de papeles”. Cuando los agentes vieron lo que ocurría, decidieron inmovilizar la documentación y ponerla a disposición judicial. Según explicaron algunos de los asociados de la cooperativa, en aquel momento, meses antes se había abierto una comisión de investigación porque no tenían clara la gestión. Por eso sospecharon que lo que ardía eran archivos que podrían poseer algún valor.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Villacarrillo ha decidido desestimar el caso. En cuanto a la comisión de un posible delito societario, el auto dictamina que los acuerdos estaban reflejados en las actas de las asambleas y que, por lo tanto, los socios tenían constancia. No se acredita que la documentación quemada tuviera relevancia. Respecto a la percepción de compensaciones económicas por parte del Consejo Rector, se considera que son retribuciones por el trabajo realizado que no contravienen la normativa interna. Finalmente, en cuanto a las salvedades contables de 2009, 2010 y 2011, dice que corresponden al pago de una sanción impuesta por la sociedad Distribuciones Sierra de las Villas.

La causa penal se ha cerrado, pero queda abierta una civil abierta en el Juzgado Mercantil de Jaén.