Indemnización en Los Villares a la constructora de un bloque

Una constructora solicita al Ayuntamiento 377.116 euros como compensación por los perjuicios ocasionados por la declaración de nulidad de una licencia de obras. La edificación invade, parcialmente, una zona de protección del arroyo Pedregoso, lo que da pie a una eventual demolición. Ante el importe, el Ayuntamiento pidió dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, que acaba de dar parcialmente la razón a la empresa. El polémico asunto se remonta al año 2007, cuando la junta de Gobierno local autorizó para construir seis viviendas, un local, garajes y trasteros. La licencia se anuló en un pleno en 2018.

La licencia se otorgó sobre un solar calificado para uso industrial. El Consejo Consultivo admite que el aparejador era consiente de la ausencia de cobertura en el planeamiento urbanístico vigente y que indujo a la mercantil reclamante a ser beneficiaria de una licencia ilegal y a abonar las tasas e impuestos derivados de tal concesión. “Pero, igualmente, siendo ésta conocedora de la ilegalidad de la licencia, la responsabilidad no solamente es atribuible al ente local (que ha actuado a través del citado técnico), sino igualmente a la mercantil que se benefició de la licencia. Por tanto, se entiende que existe un reparto de responsabilidad a partes iguales”, dice.

Tras dar la razón parcial por lo antes mencionado, la resolución es tajante al denegar indemnización en lo que atañe a la segunda fase, de manera que dijo que la entidad reclamante, una vez otorgada la licencia ejecutó los trabajos contraviniéndola e invadió la zona de protección del arroyo próximo a la edificación. El dictamen llega a hablar de “un palmario motivo de iniciación de expediente urbanístico y, en su caso, del expediente que proceda instruir por el organismo de cuenca competente”. Añade: “Por tanto, el daño que se derivase de una eventual demolición del edifico, y todos los gastos colaterales que con ello hubieren de ser afrontados, no es antijurídico y tiene que ser asumido por el autor de la construcción ilegal contraria a la licencia, es decir, la mercantil ahora reclamante”. En el documento se detallan las gestiones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y técnicos municipales antes las irregularidades detectadas sobre la ejecución de la estructura.

La alcaldesa villariega, Ana Morillo, afirma: “De la reclamación de más de 377.000 euros tenemos que pagar ICIO [Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras] y tasas enteros y la mitad del proyecto. Será sobre un 10% de lo que pedían pero aún está pendiente de determinar”, indica. Por ello, no duda en hablar de “un éxito para el Ayuntamiento”. Resalta que la promotora edificó “a sabiendas de la ilegalidad”. La administración local debe devolver las tasas “por enriquecimiento injusto al haber anulado la licencia”. Precisa que la responsabilidad municipal es por la figura del aparejador. En cuanto a la etapa posterior, la de ejecución de las obras, Morillo, que lleva en el cargo desde el pasado mes de junio, reitera que se exime de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento. Resume: “Hemos podido demostrar que ellos actuaron en contra de la ley. Hay que decretar la demolición y a costa de ellos también”.