El lanzamiento de la pava, “en el tejado” del Ayuntamiento

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los animales, Anpba, remite un escrito al Ayuntamiento de Cazalilla, presentado por la vía administrativa, en el que le recuerda que la legislación andaluza vigente en materia de espectáculos, en concreto la Ley 13/1999, obliga a las autoridades administrativas a prohibir un festejo ilegal y, en caso de que se realice, a suspenderlo. La norma, como deja claro Anpba, determina que un espectáculo o festejo son ilegales cuando, según reza el artículo 3.3, por su naturaleza se encuentren prohibidos de conformidad con la normativa vigente. De ahí que argumenten que, en el caso de la pava de Cazalilla, esa “normativa vigente” es la Ley 11/2003 de Protección Animal de Andalucía. De esta forma, el colectivo quiere poner a la Administración local en el brete de intervenir en contra de una tradición arraigadísima en el pueblo.

Y es que, sobre la base de este razonamiento jurídico, Anpba recuerda al alcalde, el socialista Manuel Jesús Raya, que la institución que preside tiene una función de vigilancia del orden y una posición de garante del cumplimiento de la legalidad. Por ello, reclamaron al Gobierno local que requiera la comparecencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los efectos previstos en el Artículo 3 de la Ley 13/1999. Apelan a lo obvio sobre el posible lanzamiento de la pava, que se tira año tras año desde el campanario, algo que plantea “la duda más que razonable” de que alguien intentará arrojarla de nuevo en 2016.

Anpba solicita al Ayuntamiento que, a través de un bando municipal, dé a conocer oficialmente la prohibición del lanzamiento de la pava desde el campanario. La inacción de la Administración local ante esta demanda del colectivo o su silencio puede dar pie a la asociación a acudir, llegado el caso, a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, y solicitar la aplicación de las medidas que reclama al Ayuntamiento, por hacer este caso omiso de su demanda de hacer cumplir la ley.

El alcalde asegura que el poder municipal se desvincula por completo de la costumbre de tirar un ave desde la torre de la parroquia. En la misma línea, deja claro que tampoco dispone de medios para impedirlo, al contar solo con un policía local que, además, se encuentra en situación de segunda actividad. De hecho, según Europa Press, aclaran que el juzgado ya les solicitó que den explicaciones sobre esta tradición cazalillera, a lo que respondieron que nada tienen que ver con ella.

El máximo responsable municipal dejó claro que su intención es ponerse en contacto con el subdelegado del Gobierno, Juan Lillo, para solicitar una mayor presencia de las fuerzas del orden, no tanto por el lanzamiento de la gallinácea, sino ante el convencimiento de que habrá grupos que acudan a la pequeña población, con 872 vecinos censados, para tratar de impedir que se cumpla con esta costumbre, que data del siglo XVIII. Y es que cree que la llegada de los animalistas puede derivar en posibles altercados. En cuanto al escrito de Anpba, que según el colectivo fue remitido por correo certificado al Ayuntamiento, el pasado miércoles 27, el regidor asegura no tener constancia del documento y aclara que, por el momento, no contempla la publicación del bando como le solicita el colectivo.