El canto de un gallo llega hasta el Defensor del Pueblo

Una solución fuera de tiempo. La cría de animales en los hogares es una práctica extendida en las zonas rurales. Sin embargo, en la época moderna surgen conflictos. Es lo ocurrido en Alcalá la Real, concretamente en la aldea de Ermita Nueva. El motivo fue la denuncia presentada por un forastero, afincado en el núcleo de Las Pilillas, ante el supuesto canto molesto del gallo de un vecino, que vive desde siempre en la pedanía. El asunto se remonta al pasado año. Al entender que el Ayuntamiento no atendía el asunto de manera satisfactoria, trasladó el caso hasta la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.

Este órgano, dirigido por Jesús Maeztu, acaba de emitir un dictamen. Se considera que el Ayuntamiento ha ordenado, después de que la oficina tomara cartas en el asunto, el cese de los ruidos molestos, aunque en realidad lo ocurrido es que, a raíz los encontronazos, el dueño del ave la retiró del lugar.

Durante el mandato del socialista Carlos Hinojosa, reclamó una inspección de los decibelios que aleatoriamente emiten los animales, en referencia al gallo y a una perra, y analizar la idoneidad o legalidad de las galleras construidas frente a sus ventanas. El Ayuntamiento remitió al Defensor del Pueblo Andaluz copia de las actas de comprobación de la Policía Local, en una de las cuales se recogían que el gallo cantaba desde el patio a primera hora de la mañana y el compromiso del dueño de cambiarlo de ubicación. En agosto de 2018, las autoridades incluso le concedieron un plazo de diez días para que hiciera alegaciones ante la posibilidad de una infracción administrativa. Lo instaban a adoptar soluciones y lo avisaban de que en caso contrario habría orden de desalojo del gallo. El vecino “sensible” también protestaba por los ladridos de un pastor alemán de más de treinta kilos, del bloque del callejón, de la suciedad y el hedor causados por las galleras y la acumulación de toneladas de leña a la intemperie, con riesgo de incendio. Sin embargo, finalmente, el propio denunciante solicitó que el caso se mantuviera en suspenso por unos meses, dada su intención de alquilar su vivienda y después no volvió a dirigirse al Defensor del Pueblo. Por ello se consideraron cerradas las intervenciones, aunque se instó a la vigilancia municipal sobre la salubridad.