El alcalde de Beas, investigado como secretario de los regantes
La junta directiva de la comunidad denunció a los predecesores y el juzgado ordenó una auditoría
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villacarrillo investiga la gestión de la antigua junta directiva de la Comunidad de Regantes de Beas de Segura. El caso se abrió a raíz de una denuncia de los actuales responsables de la entidad y fue admitida a trámite. Una de las primeras decisiones adoptadas por su señoría fue ordenar una auditoría de las cuentas de la comunidad, un análisis revelador, al aflorar cuestiones como la inexistencia de una contabilidad, según explicaron las fuentes consultadas a este periódico. El proceso continúa, ya con la entrada en escena de algunos de los protagonistas de la anterior etapa. Uno de ellos es el actual alcalde beatense, el socialista Sebastián Molina Herrera, en el cargo desde 2007. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil le tomaron declaración, por orden de la Fiscalía, en su calidad de exsecretario de los regantes, tal y como se explicó a este periódico. Esta labor la compatibilizó con la de regidor, bajo la presidencia de Luis Parra Frías, que también es investigado a raíz de la denuncia.
Los nuevos responsables de la comunidad se escamaron al llegar a la directiva por hechos como la existencia de una sociedad limitada, paralela al colectivo que agrupa a los regantes, que usaba fondos de los comuneros y es titular de algunos de sus bienes; también se sorprendieron por un préstamo, superior a 750.000 euros, que no ingresó en la cuenta de la comunidad, pero sí se le reclamaba a esta; gastos “desorbitados”, por un viaje a Sevilla, de aproximadamente 1.200 euros; regalos de aceite y “comilonas” o reclamaciones millonarias de un contratista, en concepto de deudas “infladas”, como las de un metro cúbico de hormigón por 180 euros, cuando, como se explicó a este periódico, el precio habitual es de 40.
Este periódico trató, sin éxito, de conocer la versión del regidor de Beas y del anterior presidente de la comunidad de regantes. El mutismo también es total por parte de los actuales responsables de la entidad, al tratarse de una cuestión que está en manos de los juzgados, mientras que la Comandancia deja claro que los guardias civiles de la Policía Judicial solo se limitan a seguir las instrucciones de la autoridad judicial, que es la responsable de las pesquisas. El cambio de junta directiva de la comunidad de regantes se materializó en 2012, al no respaldar los socios la gestión de los anteriores responsables y tras llegar la prohibición de aprovechar una concesión de agua.
En agosto de 2011, se secaron los manantiales de El Maguillo, en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Un informe de la dirección del espacio protegido, que se conoció meses después, confirmó que la afección fue consecuencia de los sondeos de agua en la zona. Los beneficiarios de estas captaciones eran los socios de la Comunidad de Regantes de Beas de Segura que, en 2006, puso en marcha un proyecto para el abastecimiento de 654,41 hectáreas. La iniciativa contó con una fortísima oposición de organizaciones ecologistas y motivó denuncias ante la Fiscalía, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Curiosamente, este organismo, dependiente del Estado, dio el visto bueno al proyecto de los comuneros beatenses, en 2007, para imponerles sanciones un lustro después.
La Comisión Europea abrió un expediente contra España por “irregularidades” medioambientales en El Maguillo, en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, en 2012. Ecologistas denunciaron ante la Unesco el mal uso de los recursos del espacio protegido, que es Reserva de la Biosfera desde 1983.
Hace cuatro años, al abrir Bruselas el proceso sancionador contra España por las captaciones de El Maguillo y, posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir anunció sanciones contra los regantes, el actual alcalde, Sebastián Molina, que aún estaba en el cargo de secretario de la comunidad, defendía que no se suspendería el permiso.
El proyecto para poner en regadío más tierras de la comunidad de Beas de Segura hizo que aumentaran las cuotas de los socios. Un desembolso que se convirtió en inútil, al echar por tierra las administraciones la posibilidad de realizar captaciones de agua en una zona del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.
La comunidad de regantes de Beas tiene unos doscientos socios, propietarios de unas 140.000 olivas; un colectivo con gran peso en este municipio de la Sierra de Segura, de algo más de cinco mil habitantes de cuya directiva, además, formó parte el alcalde, Sebastián Molina, que tiene el bastón de mando desde 2007.