Ecologistas critican la expropiación “descontrolada” de olivares por plantas fotovoltaicas

Ecologistas en Acción ha mostrado su apoyo a los olivareros expropiados para la instalación “descontrolada” de plantas fotovoltaicas, sosteniendo que las energías renovables “no deben ser el problema, sino la solución a la crisis energética actual”, informa Alberto Sánchez. Es la misma línea de actuación que defiende la plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad, que han impulsado una macrocausa judicial a lo largo de España contra las instalaciones fotovoltaicas que afecten a terrenos de cultivo. “Esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”, aseguró uno de los responsables. Además, este anuncio tendrá pronto sus repercusiones puesto que, como anunciaron desde las anteriores plataformas, “el estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal de Lopera nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios”.

En un comunicado, Ecologistas en Acción señalan que contribuir mediante la declaración de Utilidad Pública a “la implantación descontrolada de fotovoltaicas es del todo reprobable” ya que esta figura “debería ser un importante apoyo de la planificación, otorgándose sólo cuando las instalaciones no tienen impacto sobre la agricultura y la biodiversidad, obligando a los promotores a optar únicamente por instalaciones en espacios artificializados”. Por ello, instan a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transición Ecológica a “revisar y limitar” los criterios de utilidad pública a la hora de la expropiación para evitar que la necesaria implantación de fuentes renovables de energía genere rechazo social en los casos en los que ese interés público no está justificado porque “un modelo 100% renovable debe ser justo ambiental, social y territorialmente”. En el caso de la implantación de “megaparques fotovoltaicos”, como son los que afectan a los olivares jiennenses y otros espacios agrarios andaluces, el justificante de anteponer el bien común, según Ecologistas, es “de dudosa justificación” ya que “supone favorecer al oligopolio energético, que plantea la ubicación de las plantas en los espacios que mejor les viene a su cuenta de resultados”.

Las ubicaciones por las que se optan son normalmente espacios cercanos a la red eléctrica de evacuación, en suelos agrícolas baratos de secano y “que ni siquiera tienen que negociar con sus propietarios al conseguir en los despachos, por su actuación de lobby, esa declaración de utilidad pública que tan útil les resulta”. Defienden que los grandes parques solares, que entienden como avalados casi automáticamente por esas declaraciones de utilidad pública que facilitan la expropiación de olivares y otros suelos agrarios, están impulsados por “los mismos cuatro grupos que controlan el mercado eléctrico”. El resultado en Andalucía es, según la organización, “paradójico” puesto que la comunidad autónoma andaluza “puede batir récords de producción renovable y, a la vez, sufrir apagones tanto en los campos que pierden olivar y biodiversidad como en los barrios urbanos empobrecidos”. “El problema no es la fotovoltaica en sí, sino un modelo que prioriza maximizar el flujo de kilovatios-hora y, por tanto, la acumulación de capital, en manos de unos pocos, antes que garantizar un suministro justo y seguro para toda la población”, sostienen en el comunicado. Desde Ecologistas en Acción argumentan que hay muchos espacios de implantación prioritarios que están sin una placa, “cientos de Kilómetros cuadrados de tejados útiles, infraestructuras de transporte y masas de agua artificiales, donde la implantación de placas no tendría más impacto que el incremento del coste de instalación, que deben asumir las empresas promotoras y que lo harán si no se les deja otra opción más barata”.