Todo ocurrió, presuntamente, el 9 de agosto de este año. Una niña de 9 años y otro niño de 11 entraron en uno de los cuartos de baño del Centro de Menores de La Carolina y, al parecer, alguien los vio con la ropa interior bajada en el contexto de unos hechos de naturaleza sexual. Es el relato que aparece en una denuncia interpuesta ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia del municipio. La familia de la pequeña demanda a la Dirección, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, por desamparo. Pide que se investiguen los hechos y que se depuren responsabilidades.
La Delegación Territorial de Jaén del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía declaró el desamparo de la menor en diciembre de 2025 y acordó su acogimiento residencial en “San Juan de la Cruz”, donde se encuentra bajo la guarda de la entidad pública, una resolución que está impugnada por la madre y que está pendiente de resolución. La denuncia detalla que ella se enteró del supuesto caso de abuso sexual el 30 de septiembre, dos meses después de un episodio que, según consta en el texto, terminó con la niña en el Servicio de Urgencias del Hospital San Agustín, acompañada de cuidadoras del centro y derivada desde el centro de salud por “sospecha de abuso sexual”. Fue el propio hospital el que avisó al juez de guardia, que indicó la exploración forense e informó de que la denuncia “debía ponerla la directora del centro de menores”, lo que se desconoce si llegó a producirse.
Hay que tener en cuenta que, al ser los dos menores de 14 años, son inimputables a efectos legales, por lo que la familia de la niña carga contra el centro de La Carolina, con cuya directora mantuvo una conversación telefónica que tiene grabada, aportada como prueba con la denuncia. Reconoce la madre que su hija padece un trastorno que le lleva a conductas impropias para su edad. Deja claro en el escrito, presentado por el despacho de abogados Marín Gámez, cuál es el motivo de la denuncia: “La posible conducta omisiva de quienes tenían a su cargo la vigilancia y protección de la menor y el deber de comunicar y perseguir los hechos”. Tres son los puntos en los que se basa la demanda. En primer lugar: “La falta de vigilancia y de medidas de protección que permitió que una menor de 9 años accediera sin supervisión a un espacio privado con otro menor de 11 años y sufriera una agresión sexual en el centro, y la eventual existencia de avisos o incidentes previos conocidos por el personal en atención al trastorno que padece la menor, siendo uno de los motivos por los que la declararon en situación de desamparo”. Segundo: “La posible omisión de la comunicación y de la denuncia de los hechos a la Fiscalía y a la autoridad judicial por parte de la Dirección del centro, a quien el juez de guardia indicó que correspondía denunciar”. Tercero: “La ocultación de los gravísimos hechos a los progenitores y la ausencia de constancia de medidas posteriores de protección de la menor y tratamiento psicológico o médico en su caso”.
Otra de las formulaciones que incluye la denuncia tiene que ver con la conducta de la pequeña, que fue lo que, según la familia, motivó la retirada por parte de los servicios de la Junta de Andalucía: “La menor agredida sexualmente, que pudiera tener un trastorno de conducta, ya presentaba el mismo al momento de ser internada en el centro denunciado, motivo precisamente por el cual se ha actuado por parte del Servicio de Protección de Menores, pero sin que conste que la misma desde que está bajo el cuidado de los denunciados, haya sido tratada por especialista que le atendiera, siguiera y pautara tratamiento y medidas de seguimiento y protección en su convivencia en el centro con otros menores, con el fin de evitar los hechos denunciados”. Añade: “No consta que, desde su ingreso, la menor haya sido tratada por especialista. Tampoco consta que se le pautara tratamiento ni medidas de seguimiento y protección en su convivencia con otros menores”. La tía de la niña se ofrece a asumir su cuidado, según las fuentes consultadas. La Junta de Andalucía se mantiene en silencio.
La propia denuncia, presentada por el despacho de abogados Marín Gámez, informa de que, después de avisar el Hospital San Agustín de Linares de Linares al juez de guardia, según la información obtenida por la Fiscalía de Menores, se incoaron diligencias por el parte médico que han sido archivadas por ser inimputable el otro niño, de 11 años. “El archivo se funda en la edad del menor, y no ha supuesto la investigación de la conducta del centro ni de la Administración, que ostenta la guarda de ambos menores.
La demanda se dirige precisamente contra la Dirección y el personal del Centro de Protección “San Juan de la Cruz” y contra los responsables del Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Jaén. “Son ellos quienes tenían encomendada la guarda de la menor cuando ocurrieron los hechos, y a ellos se atribuyen las omisiones que se denuncian”, según el escrito.