CSIF pide un régimen sancionador contra agresiones a sanitarios: 73 en seis meses en Jaén

Los últimos datos del SAS sobre las agresiones cometidas a los profesionales de la sanidad pública son motivo de preocupación en el entorno sanitario. Tan solo en el primer semestre de 2024 en la provincia, se han producido 73 agresiones en el ámbito sanitario, lo cual supone un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo del año pasado. Ante la alarmante situación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, apremia al SAS a que disponga cuanto antes de un régimen sancionador contra las agresiones al personal de la sanidad pública. Como señala el sindicato en un comunicado de prensa, se trata de una reivindicación que llevan años reclamando y que “constituiría un elemento disuasorio de primer magnitud”. En este sentido, denuncian el estancamiento de una medida que “la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció que materializaría hace ahora casi un año”.

La vicepresidenta de CSIF Sanidad Andalucía, Carmen Jiménez, ha recordado la cifra de 1.564 agresiones registradas el año pasado, 139 de ellas en territorio jiennense. Así, ha incidido en la necesidad de que se adopten medidas para frenar este tipo de situaciones, especialmente en Atención Primaria, donde subrayan que se producen seis de cada diez agresiones al personal sanitario. “Debería ser una prioridad para la Administración andaluza contar con este régimen sancionador, como una de las medidas para mejorar las condiciones en las que desempeñan su trabajo los profesionales del SAS, algo que redundaría también en el aumento de la calidad de los servicios prestados a nivel asistencial”, manifiesta Jiménez.

Asimismo, el sindicato reclama la aceleración de los trámites para la creación efectiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS, tras acentuarse los episodios violentos contra estos profesionales. Según comparte, este organismo sería una herramienta útil para aportar ideas, planes y evaluar las medidas aplicadas por la Junta para combatir las agresiones a personal de la sanidad pública. En el mismo sentido, critican que las organizaciones sindicales tan solo cuentan con un borrador de decreto para regular dicho organismo y solicitan la inclusión de veterinarios y farmacéuticos en el mismo. “Entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo a un profesional, pero nunca está justificada la violencia”, sentencia Jiménez, quien insiste en la pronta aplicación de estas medidas.